Ciudadanos propone en el Congreso penas de prisión para quienes convoquen o promocionen homenajes a terroristas

Plantea multas de entre 50.000 y 250.000 euros para las administraciones públicas que no eviten actos de apología y homenaje

Ciudadanos ha vuelto a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo en la que, como novedad respecto al texto presentado el pasado junio, apuesta por castigar con entre uno y tres años de cárcel a quienes convoquen o promocionen homenajes a terroristas.

Concretamente, la proposición de ley incluye una modificación del artículo 578 del Código Penal. Este artículo ya prevé penas de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses para castigar «el enaltecimiento o la justificación públicos» de delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, y lo mismo para «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».

Lo que pretende Cs es que esa misma sanción se pueda aplicar en el caso de «la preparación, convocatoria, promoción o realización de actos en público de homenaje o exaltación del terrorismo o que entrañen descrédito, menosprecio o humillación» a las víctimas o a sus familia. Es decir, que se pueda castigar no solo a quienes participan en esos actos, sino a quienes los convocan o promocionan.

Por otro lado, la proposición de ley de la formación naranja reconoce a las víctimas del terrorismo una serie de derechos «imprescriptibles», califica como tal a quienes hayan sido «perseguidos y desplazados forzosos» y promueve la concienciación y sensibilización en el ámbito de la educación.

MEMORIA, DIGNIDAD, VERDAD Y REPARACIÓN

Recoge, por ejemplo, el derecho a la memoria, el honor y la dignidad, a conocer la verdad y al esclarecimiento de todos los crímenes, al reconocimiento como víctimas de terrorismo a los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo, a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de las víctimas de terrorismo y a la reparación de las víctimas del terrorismo por persecución o desplazamiento forzoso interno.

Asimismo, el texto dice que las víctimas tendrán derecho a la información sobre la investigación de los asesinatos terroristas todavía sin resolver y de cualesquiera otros crímenes aún impunes, a la reparación en casos de secuestro y/o asesinato perpetrados por terroristas, al resarcimiento de los daños personales y materiales ocasionados por delitos de terrorismo y a obtener las ayudas extraordinarias en determinados casos de orfandad.

En paralelo, Ciudadanos propone establecer una serie de deberes: de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo, de recuerdo y conmemoración de las víctimas mortales en los propios lugares de perpetración de los crímenes y de identificación, catalogación, publicación y difusión de los lugares de la memoria de la persecución y la violencia terroristas.

Además, se incluyen el deber de homenaje y reconocimiento de las víctimas del terrorismo; de conservación, protección, catalogación e integridad de todos los fondos documentales relacionados con ellas; de concienciación y sensibilización sobre la memoria de las víctimas y los delitos terroristas en el ámbito de la educación; y de prohibir los homenajes a los terroristas y los actos de ofensa a las víctimas.

INFRACCIONES

Estos derechos y obligaciones deberán informar, según indica Cs, la actuación de todos los poderes públicos, de manera que las Administraciones Públicas los integrarán en sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo de todas sus actividades. Además, subraya que «el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas».

Así, la formación naranja enumera en su iniciativa una serie de conductas que se considerarían infracciones, como el incumplimiento del deber de colocar una placa conmemorativa y explicativa sobre las víctimas de actos terroristas en el lugar de perpetración, el incumplimiento del deber de identificación, señalización y acceso de los lugares de memoria de las víctimas del terrorismo, la obstaculización de su visita o el deterioro deliberado de esos lugares.

Para estas infracciones, las multas previstas van desde los 2.000 a los 150.000 euros. Esta misma sanción sería la que afrontaríanlas Administraciones Públicas si incumpliesen su deber de acordar la denominación o renombramiento de las calles que correspondan con el nombre de las víctimas del terrorismo que fuesen naturales de la localidad, o si denominasen calles con referencias directas o indirectas a terroristas, grupos terroristas o personas condenadas por cooperación o colaboración con ellos o por homenajes a los terroristas.

Además, la iniciativa detalla otras conductas de las Administraciones Públicas que se considerarían más graves y para las cuales prevé multas más altas, de entre 50.000 y 250.000 euros.

Por ejemplo, cuando no garanticen la prohibición de «exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas» y de «realizar actos de preparación, convocatoria, promoción o fomento de actos relacionados con el homenaje público, concesión pública de distinciones, apología, o exaltación individual o colectiva del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas, o que entrañen descrédito, menosprecio, ofensa o humillación a las víctimas del terrorismo o a sus familiares».

DERECHOS DE LOS «PERSEGUIDOS Y DESPLAZADOS»

Aunque la ley se aplicaría a todas las víctimas de acciones de terrorismo perpetradas en España y en el extranjero por cualquier terrorista o grupo terrorista, se señala que las Administraciones Públicas deberán atenderá con singular relevancia a las víctimas de ETA.

En cuanto a «los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo», la proposición de ley dice que se reconocerá a todas las personas que hayan sufrido esta situación y también sus cónyuges, sus ascendientes y descendientes la plena condición de víctimas del terrorismo y el estatuto de desplazados internos, así como el derecho a una reparación plena y efectiva y a un «regreso voluntario digno y seguro».

Se podrá calificar como perseguidos a aquellos que hayan sufrido «cualquier amenaza, coacción, acoso u otras violaciones de sus derechos y libertades» por parte de terroristas o grupos terroristas y de organizaciones que se hayan dedicado a justificar, exaltar o colaborar con el terrorismo o a hacer homenajes.

Y se consideraría desplazados a quienes, a causa de la persecución, se vieran compelidos a mudarse a otro municipio, provincia o comunidad autónoma buscando el cese de la persecución, vivir en un entorno seguro y salvaguardar la propia integridad o la de sus familiares.

Entre las medidas de restitución contempladas están el regreso voluntario al lugar de residencia y, en el caso de que tuvieran que trasladarse a otra comunidad, el derecho a poder votar en el municipio del que se marcharon sin necesidad de empadronarse.

Asimismo, la iniciativa prevé que los perseguidos y desplazados sean indemnizados y que tengan derecho a atención médica y psicológica y a servicios jurídicos y sociales por los perjuicios y daños personales sufridos.