Los golpistas advierten a los ministros de Burkina Faso depuestos sobre «actos que puedan entorpecerles»

MSF destaca que la crisis política se añade a un contexto «frágil», marcado por un deterioro «dramático» de la seguridad

El Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), responsable del golpe de Estado en Burkina Faso el lunes, ha advertido a los ministros del gobierno depuesto sobre «actos que puedan entorpecer su avance».

Según ha recogido Infowakat, el presidente de MPSR, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ha pedido a los ministros de la anterior administración que «eviten realizar cualquier acto perjudicial para el poder» y les ha aclarado que, aunque no tienen restringidos sus movimientos, «no tienen derecho a salir del perímetro» de la capital, Uagadugú, «salvo autorización expresa».

El derrocado presidente, Marc Roch Christian Kaboré, permanece detenido a raíz de la asonada. Durante la jornada, los jefes de Estado de Costa de Marfil, Alassane Ouattara; de Níger, Mohamed Bazoum; y de Senegal, Macky Sall, han podido hablar con Kaboré, según ha informado la prensa burkinesa.

Por otra parte, el Movimiento por la Democracia de Burkina Faso (MBD) y otras 12 organizaciones de la sociedad civil burkinesa han indicado este jueves que, a su juicio, el golpe de Estado permitirá «el regreso a la normalidad» en el país africano, al tiempo que han expresado su apoyo a los militares.

Subrayando que han «tomado nota» de la situación de Burkina Faso, han remarcado que la «situación de inseguridad» en el país «ha causado enormes víctimas y enormes daños».

«No vamos a declarar que apoyamos un golpe de Estado, pero resulta que es la solución para el regreso a la normalidad, por eso apoyamos a estos militares», han indicado representantes de las organizaciones civiles en rueda de prensa, según ha recogido Burkina 24. Así, ha abogado por una transición sobre una base mixta, es decir, que incluya a militares y civiles.

SITUACIÓN «AL BORDE DEL COLAPSO»

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha resaltado que en 2021 Burkina Faso se convirtió «en el principal foco de violencia» en la región del Sahel, con «un fuerte aumento de los secuestros y de los ataques», como el registrado en Solhan en junio, que dejó 160 muertos.

Según ha precisado la organización en un comunicado, la crisis política se añade a un contexto «frágil», marcado por un deterioro «dramático» de la seguridad y un aumento «vertiginoso» de los desplazamientos de población.

«Las situaciones de violencia pueden estallar en cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que la gente se ve obligada a tener que huir sin ni siquiera tener tiempo para recoger los enseres más básicos o algo de ropa», ha indicado MSF.

Para las comunidades rurales, huir del hogar significa perder las cosechas y el ganado. «Durante la próxima temporada, muchas personas no podrán sembrar o cosechar ningún cultivo», ha lamentado el coordinador general de MSF en Burkina Faso, Youssouf Aly Dembéle, que ha remarcado que «mucha gente depende de la agricultura y de la ganadería para alimentar a sus familias y la poca disponibilidad de alimentos que hay hoy en día es un motivo de gran preocupación».

«Tanto nosotros como otras organizaciones estamos haciendo distribución de alimentos y son muchos los niños que acuden a nuestras clínicas con un alto grado de desnutrición», ha precisado.

Además, en los campos de desplazados, las condiciones de vida son «extremadamente precarias», con tiendas que de campaña que durante la estación lluviosa se quedan siempre anegadas, con un saneamiento rudimentario y con insuficiente agua potable.

«Las personas que viven en estos campos a menudo nos dicen que tienen que caminar varios kilómetros y luego esperar varias horas para aprovisionarse de agua con la que beber, cocinar, asearse y lavar sus enseres», ha explicado Aly Dembélé.

Burkina Faso es un país sin salida al mar, con precipitaciones limitadas y la disponibilidad general de agua está disminuyendo debido al cambio climático. Si bien las comunidades locales hacen todo lo posible para tratar de dar refugio a la gran cantidad de personas desplazadas, el aumento de la demanda de agua está provocando que haya una escasez generalizada, ha indicado MSF que, junto a otras organizaciones, ha perforado pozos y distribuido agua en camiones cisterna para tratar de cubrir al menos una parte de las necesidades.

ATENCIÓN MÉDICA

Los equipos de MSF trabajan en cinco de las 13 regiones del país y son testigos que tiene el conflicto en las personas con necesidad de recibir atención médica.

«Además de necesitar tratamiento para las lesiones físicas causadas por la violencia, muchos de nuestros pacientes sufren el terrible impacto psicológico que provoca el haber visto cómo asesinaban a otras personas frente a ellos; muchos de ellos familiares, amigos o conocidos», ha proseguido, antes de mencionar también el impacto que provoca «el saber que tu casa y tus cultivos han sido quemados, que tus posesiones y medios de subsistencia se han visto reducidos a la nada».

Las precarias condiciones de vida exponen a la gente a un alto riesgo de contraer enfermedades, incluidas dolencias endémicas como la malaria, una enfermedad que once millones de burkineses sufrieron en 2020. Las condiciones de hacinamiento aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, mientras que las deficiencias en el saneamiento y la escasez de agua disparan el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea y el cólera.

Las población de muchas de las regiones afectadas por el conflicto necesita con urgencia una mayor cantidad de alimentos, más agua y un mejor acceso a la atención médica. Sin embargo, según ha subrayado MSF, a día de hoy hay un enorme déficit en la provisión de asistencia humanitaria que se debe a una serie de factores, incluidos la falta de financiación y, sobre todo, a la inseguridad.

Los niveles extremos de inseguridad impiden a menudo que las personas puedan desplazarse para recibir atención médica, mientras que muchas otras no pueden permitirse pagar el transporte que les llevaría hasta el hospital. Al mismo tiempo, la inseguridad impide en muchas ocasiones que los trabajadores sanitarios, incluidos los equipos de MSF, lleguen a las comunidades necesitadas.

Los equipos médicos y humanitarios afrontan una serie de riesgos en Burkina Faso que son totalmente «inasumibles», ha continuado la organización, que ha recordado que sus trabajadores y los de otras organizaciones humanitarias y del Ministerio de Salud han sido atacados y, en ocasiones, secuestrados.

«Nos han robado ambulancias y han destruido centros de salud. En algunos lugares, se han colocado artefactos explosivos improvisados en las carreteras, lo cual convierte cada desplazamiento en una trampa potencialmente letal», ha aseverado Aly Dembélé.

La inseguridad ha provocado, entre otras cosas, que el número de parteras del Ministerio de Salud en la región Este se haya visto enormemente reducido, mientras que en la región del Sahel se han clausurado centros de salud tras los ataques sufridos por el personal médico.

Según el Ministerio de Salud, con datos de finales de junio de 2021, 357 establecimientos médicos en todo el país estaban cerrados o no estaban en pleno funcionamiento como resultado de la violencia. Hay además una escasez de médicos especialistas, incluidos cirujanos, anestesistas y parteras, en todas las zonas de Burkina Faso afectadas por la violencia.

«Todo este panorama ha contribuido sin duda al incremento de las tensiones, cuyas consecuencias finales hasta el momento han desembocado en el Golpe de Estado del pasado lunes. Y mientras la atención del mundo se centra en la crisis política y la inseguridad, la crisis humanitaria en Burkina Faso se deteriora a pasos agigantados y pasa desapercibida», ha concluido Aly Dembélé.