Los forenses no determinan la causa de la muerte del decapitado de Castro, pero se decantan por la «violenta»

El cráneo fue «severamente manipulado» y presentaba «signos evidentes de haber sido sometido a la acción del calor», según los expertos

Los forenses que practicaron la autopsia al cráneo hallado en septiembre de 2019 en un paquete en Castro Urdiales no han podido determinar la causa de la muerte a partir de los restos óseos analizados, pues no ha quedado «reflejada» en ellos.

No obstante, aunque aparece como «indeterminada» en su informe, se decantan «más» por una muerte de tipo «violenta», teniendo en cuenta precisamente la propia decapitación y la desaparición del resto del cadáver -no ha sido encontrado aún-, pues es algo «altamente sospechoso».

Así lo ha expresado la médico encargada junto a otro compañero de realizar la autopsia a la cabeza, durante su comparecencia conjunta en el juicio contra Carmen Merino, acusada de asesinar a su entonces pareja, Jesús María Baranda, y que se enfrenta a 25 años de prisión que pide el fiscal.

En la quinta sesión de la vista oral, celebrada a lo largo de esta semana y que seguirá también la próxima en la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha iniciado la prueba pericial ante el tribunal del jurado.

Los expertos citados también han destacado que el cráneo fue «severamente manipulado», por la separación del cuerpo con un objeto «cortante» y con «cierto componente contuso», pero de filo «no serrado», como podría ser un cuchillo de cocina, por ejemplo.

Y han justificado el que fuera «extraordinariamente manipulado» porque presentaba, además, «signos evidentes de haber sido sometido a la acción del calor», acción por una fuente térmica que aparece «muy localizada», en una zona «determinada» del cráneo -la parietal derecha-.

Asimismo, en los restos examinados -también las tres primeras de las siete vértebras cervicales, además de la cara y la mandíbula- se han apreciado lesiones que, a juicio de los peritos, se produjeron en el momento «alrededor» de la muerte -que es «compatible» con la fecha de desaparición de Baranda, en febrero de ese año-.

Y otras realizadas con posterioridad al fallecimiento, propias de la «maniobra de decapitación» y que apuntan a un «ataque homicida» más que a una muerte natural.

En los restos descubiertos en el paquete -que la sospechosa habría entregado meses antes a una amiga suya para que lo guardase en su casa alegando que escondía juguetes sexuales- se conservaban algunos tejidos blandos que se sometieron a un estudio químico y toxicológico.

Este análisis arrojó la presencia de al menos tres sustancias: una de ellas, un ansiolítico (Diazepam), que Baranda no tomaba por prescripción médica -sí su pareja-, y que en todo caso se suministró cuando estaba «vivo», siendo «posible» que la dosis fuera «alta».

El estado del cráneo en el momento en que fue descubierto -nivel de esquelitazación, saponificación y presencia de mohos- obedece a condiciones de «humedad» y «falta de aire», que encajarían con el hecho de haber sido guardado en bolsas de plástico dentro de un armario, según la testigo que lo descubrió.

Al hilo, en la pericial sobre las huellas dactilares halladas en los envoltorios, los expertos encargados de esta prueba han señalado que se encontraron un total de siete «con calidad suficiente» para su estudio -también había fragmentos de otras no analizadas- y que se corresponden con las de la acusada, que ha seguido parte del plenario -en especial la relacionada con la autopsia- tapándose los oídos y mirando hacia abajo.