Citan a declarar al jefe de la Policía en el marco de una pesquisa sobre la toma militar del Parlamento
El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, ha sido citado a declarar el próximo 9 de septiembre por la comisión ad hoc que investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, cuando los militares tomaron el Parlamento salvadoreño.
La decisión ha sido tomada después de que varios diputados de la comisión revisaran al menos 18 vídeos proporcionados por el sistema de videovigilancia del Congreso sobre la irrupción de los militares y policías en la Asamblea Legislativa, según informaciones del diario La Prensa Gráfica .
«Es importante citarlo para que amplíe sobre algunos conceptos que expresó en esa oportunidad, con el propósito de que la población salvadoreña tenga claridad sobre la finalidad de ese operativo», ha sostenido el diputado de ARENA René Portillo Cuadra, que ha indicado que la Policía «participó, coordinó y dirigió el operativo».
Por su parte, el diputado Shafick Hándal, del FMLN, ha recomendado a la comisión que se cite a otros altos cargos del Gobierno que también aparecen en los vídeos y que deben dar explicaciones. En su opinión, la militarización del Parlamento fue «un operativo que tenía un objetivo bien definido, no fue convocado de un día para otro».
Efectivos de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas irrumpieron en la sede de la Asamblea Legislativa junto con algunos de los diputados oficialistas que se presentaron para participar en la sesión extraordinaria convocada por el presidente, Nayib Bukele, en pleno enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a un préstamo de 109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial.
En este sentido, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, fue interrogado el viernes pasado, si bien ha defendido que no se trató de militarización alguna sino de un despliegue de seguridad.
El 9 de febrero, todos los accesos del Parlamento fueron cerrados y estuvieron custodiados por las fuerzas de seguridad. Asimismo, también se apostaron francotiradores en los edificios cercanos a la Asamblea Legislativa.
La oposición a Bukele ha denunciado que se trató de un intento de «autogolpe» de Estado en marcha con una ofensiva dirigida a la Asamblea Legislativa con el argumento de que debía votar el préstamo para un plan que busca mejorar la seguridad interna del país.
