Los expertos para la reforma fiscal entregarán este jueves al Gobierno sus conclusiones

Tras analizarlas, será el Ejecutivo quien desarrolle e impulse la reforma, para su posterior aprobación por parte del Congreso

Los expertos designados por el Gobierno para abordar la reforma del sistema fiscal español entregarán este jueves sus conclusiones y propuestas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

Con tres días de retraso respecto al plazo límite inicialmente fijado –28 de febrero de 2022–, este jueves 3 de marzo los sabios designados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizarán el acto de entrega del Libro Blanco para la reforma fiscal y explicarán en rueda de prensa las principales conclusiones del mismo.

El comité de expertos pondrá así a disposición del Gobierno sus conocimientos para desarrollar una fiscalidad del siglo XXI y, a partir de ahí, el Ejecutivo se tomará «el tiempo que necesite» para poder estudiar el conjunto de medidas propuestas.

Tras esto, será el Gobierno quien desarrolle e impulse la reforma para su posterior aprobación por parte del Congreso de los Diputados, según ha indicado en declaraciones públicas la propia ministra de Hacienda.

En cualquier caso, las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, en un contexto marcado ahora mismo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las medidas deben ser, por tanto, compatibles con la recuperación económica tras la pandemia y deberán tener en cuenta el compromiso de España con la consolidación fiscal, según la ministra.

No obstante, Montero ha anticipado en alguna ocasión que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de 2023, que es lo que se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia.

ACERCAR LA TRIBUTACIÓN ESPAÑOLA A LA MEDIA DE LA UE

El comité de expertos para la reforma fiscal fue constituido el mes de abril del año pasado y se conformaba entonces de 17 miembros, encabezados por un presidente, Jesús Ruiz-Huerta, y por un secretario, Alain Cuenca.

Más tarde el grupo de expertos llegó a tener 18 miembros tras la incorporación del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, quien acabaría por abandonar el comité antes de finalizar los trabajos, al igual que el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio.

En cuanto a la composición del resto del grupo, entre los vocales también se encuentran Fran Adame, Antonia Agulló, Olga Cantó, Laura de Pablos, Santiago Díaz de Sarralde, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Guillem López Casasnovas, Julio López Laborda, David López Rodríguez, Saturnina Moreno, Violeta Ruiz Almendra, Maria Teresa Soler y Marta Villar.

El mandato que dio el Gobierno al comité de expertos de la reforma fiscal fue realizar un «examen en profundidad» de las diferentes figuras del sistema fiscal para acercar la tributación española a la media de la Unión Europea.

Así, se espera que el informe preste especial atención a la fiscalidad medioambiental e imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes.

Concretamente, y además de las nuevas tasas Google y Tobin ya en vigor desde el año pasado, el Ejecutivo asegura que existe la posibilidad de crear «nuevas figuras tributarias» que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente.

En el ámbito de la imposición sobre la riqueza, asegura que hay «importantes mejoras a introducir», tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar una política redistributiva «coherente a nivel nacional».

NIVEL MÍNIMO DE IMPOSICIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE CCAA

Por ello, el Gobierno apuesta por aplicar «de forma más coordinada» la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición «mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA».

En este sentido y en clara referencia al Impuesto de Patrimonio en Madrid, que prácticamente es inexistente, Montero ya ha incidido en varias ocasiones en que hay que evitar que, a nivel autonómico, se dejen «vacías de contenido» algunas figuras fiscales «como ha sucedido en algunas comunidades».

De esta forma, asegura que se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del «ensanchamiento» de las bases tributarias, reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados o si deben revisarse.

LLEGA SEMANAS DESPUÉS DE LA POLÉMICA PROPUESTA DE PODEMOS

Las conclusiones de los expertos llegan pocas semanas después de que Podemos haya presentado su propia propuesta fiscal, una irrupción en el debate sobre la reforma del sistema que la ministra Montero calificó de «inoportuna».

La formación morada presentó una batería de propuestas fiscales de cara a incluir en la futura reforma fiscal, que aportarían un aumento de ingresos a las arcas públicas de 29.800 millones de euros, con vistas a reforzar los servicios públicos y desplegar nuevas iniciativas de carácter social.

Entre sus propuestas figuran la creación de un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, de cara a motivar que salgan al mercado del alquiler; desplegar un nuevo tributo que grave los alimentos de mala calidad nutricional; un nuevo marco de fiscalidad verde, y ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicas al tipo de IVA superreducido del 4%.

Sin embargo, esta propuesta se encontró con el rechazo de Montero, quien explicó que el Gobierno de coalición había coincidido en que era importante tener el informe de los expertos antes de lanzar las propuestas.

«Esa fue la metodología que pactamos en el interior del Gobierno de coalición y por tanto eso es lo que esperamos en los próximos días», remarcó la ministra, tras asegurar que el Gobierno ha cumplido más de un 90% de las propuestas fiscales que tenía en el programa pactado entre PSOE y Unidas Podemos.