Los ediles de Santiago expulsados irán a la justicia si el PSOE no rectifica y denuncian «presiones constantes»

Defienden que no incumplieron la normativa y dicen el único motivo del conflicto es el intento de la dirección de «hacer hueco» a Bouza en la corporación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19

Los cuatro concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santiago expulsados del PSOE mantendrán el acta lo que resta de mandato y acudirán a la justicia para defenderse si el partido no atiende sus alegaciones en un proceso en el que denuncian «presiones constantes» por parte de la dirección local para «hacer hueco» en el Consistorio al secretario local, Aitor Bouza.

En concreto, los cuatro concejales agotarán el plazo de diez días para presentar sus alegaciones ante la comisión federal de ética y garantías, tras lo que, «si es necesario», acudirán a la justicia para «defender» su «honorabilidad y sus derechos fundamentales».

Así lo han avanzado Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Pazo de Raxoi después de que en la jornada del martes se conociese que la dirección federal del partido ratificó su expulsión de la formación.

En su comparecencia, los cuatro ediles han subrayado que en todo momento actuaron con lealtad y compromiso a la ciudad de Santiago y a sus electores. También han denunciado que el único motivo de todo el conflicto que estalló en el pleno del pasado 24 de junio es que un concejal presentase su dimisión para «hacer hueco» en la corporación local a Bouza.

«La cuestión no va de cumplir normativas, sino de hacer hueco. Un quítate tú para ponerme yo», ha denunciado Mila Castro, que ha sostenido que la formación ha intentado retirar a los cuatro concejales del «debate público» con «presiones constantes».

«HICIMOS LO QUE TENÍAMOS QUE HACER»

Gonzalo Muíños, quien se ha mostrado convencido de que en todo momento tanto él como sus tres compañeras hicieron «lo que tenían que hacer» desde la «integridad y el rigor», ha asegurado que «lo más sencillo» hubiese sido «haber aceptado las ofertas realizadas por la dirección local para comprar voluntades». «En mi caso permanecer en el cargo y seguir como concejal», ha dicho.

El edil ha denunciado que se les aplique medida disciplinaria que la formación prevé para casos muy graves como los de corrupción y las agresiones a los ciudadanos al optar por una expulsión del PSOE que ven «desproporcionada».

A este respecto, Castro ha recordado que la votación con la que arrancó el conflicto en el pleno celebrado el 24 de junio sobre la ordenanza de las VUT, en la que todo el grupo municipal desoyó la directriz de la dirección se saldó con un apercibimiento al afectar también a los concejales ahora alineados con la dirección –Gumersindo Guintarte y Marta Abal–.

Dicho esto, ha denunciado que ahora se opte por expulsarlos del partido por no haber acudido a la reunión fijada por el partido para designar a Gumersindo Guinarte como nueva portavoz toda vez que consideran que la convocatoria era «nula» y que el proceso contra Muíños aún no era definitivo.

«No existió ningún incumplimiento de ninguna normativa ni resolución», ha defendido en una intervención en la que Mercedes Rosón ha señalado que «la ley deja muy claro que es competencia de los grupos municipales por mayoría nombrar al portavoz». «Y por encima de cualquier reglamento de un partido está la ley», ha señalado.

Rosón ha recordado que Gonzalo Muíños fue en su momento elegido portavoz porque ningún otro concejal, incluido Guimersindo Guinarte quería serlo. «No me explico a qué responde a este claro cambio de criterio, el tiempo lo dirá», ha afirmado en una comparecencia en la que asegurado que Guinarte, a quien consideraba su «amigo», le negó «conversaciones con la dirección local».

«PRESIONES CONSTANTES»

En la rueda de prensa, además, los cuatro concejales han coincidido al denunciar «presiones constantes» para que uno de ellos dimitiesen en lo que consideran una actuación de «acoso y derribo» contra ellos por parte de la dirección local.

Y es que, según ha indicado Mila Castro, «desde el minuto uno» la dirección local intentó que alguno de ellos dejase el acta para que corriese la lista y entrase Bouza, que concurrió de número 11 del PSOE a los comicios locales.

Sobre este asunto, la concejala Marta Álvarez ha narrado las presiones sufridas por ella en primera persona y ha denunciado que «aprovecharon su relación de confianza personal y laboral» con Gonzalo Muíños para tratar de exigirle al portavoz municipal que ella dejase el cargo. Además, se ha referido al secretario provincial del PSOE en A Coruña, Bernardo Fernández, para trasladar que es «falso» que Gonzalo Muíños llegase a ofrecer algún cese. «Gonzalo no ofreció mi dimisión, a Gonzalo le exigieron mi dimisión», ha incidido.

CONSECUENCIAS PARA EL PSDEG Y DECEPCIÓN CON BESTEIRO

En su comparecencia, además, los cuatro ediles han agradecido el apoyo que, según han indicado, les traslada tanto la ciudadanía como cargos socialistas de todo el territorio gallego que «no entienden la desproporción» de la decisión del partido en un «trato inédito» en la historia del PSOE que, conforme han indicado, «hace que se tambalee el presente y el futuro» de la formación tanto en Santiago como en toda Galicia.

«Esto no es un tema menor y no está correctamente gestionado», han señalado en una intervención en la que se han mostrado decepcionados con el secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro.

FUTURO DE LOS PRESUPUESTOS

En la rueda de prensa, además, los cuatro concejales han sostenido que la previsión es que en el próximo pleno municipal, que tendrá lugar el jueves 27 de enero, el grupo municipal socialista siga estando integrado por los seis concejales y que Gonzalo Muíños sea portavoz al estar todavía en plazo de alegaciones.

Todo ello en un contexto en el que, tras entrar por registro la notificación del partido en la jornada del martes, el secretario municipal dirimirá si considera que la expulsión es ejecutable o si se debe esperar al final del proceso.

De este modo y preguntado sobre si el conflicto en el PSOE local afectará a los presupuestos, para cuya aprobación el grupo había llegado a un acuerdo con el gobierno local, Mercedes Rosón ha dejado claro que ellos cuatro «no van a cambiar de opinión» y que la «negociación está hecha».

Así, la concejala ha puesto en valor el trabajo hecho para llegar al acuerdo con el gobierno del BNG y Compostela Aberta y ha sostenido que hubo una participación de los concejales socialistas en el proceso de elaboración de las cuentas, cosa que no ocurrió para los anteriores presupuestos, negociados por la dirección local.

«Los concejales no tuvimos acceso a ningún tipo de información ni se nos permitió participar en el proceso, tampoco a Marta Abal que ahora dice tener dudas después de haber participado en todas las reuniones en las que yo misma también participé», ha censurado para volver a reivindicar el «rigor» en la actuación política.