Los derechos de los niños y de la juventud unen a los grupos de CyL en la cuarta declaración institucional del mandato
VALLADOLID, 19
Los derechos de los niños y de la juventud han unido a los grupos parlamentarios en la cuarta declaración institucional de la Legislatura con la que ha empezado el pleno ordinario de este martes, 19 de noviembre.
En la declaración institucional, a la que ha puesto voz el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, los grupos parlamentarios reconocen que los responsables políticos deben comprometerse para tomar «decisiones firmes» que garanticen que ningún niño se quede atrás «y para que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial favoreciendo el cumplimiento de sus derechos».
A esto añaden la necesidad de coordinarse para que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y programas dirigidos a la infancia vayan acompañados «de la dotación adecuada» de recursos. «Debemos escuchar las preocupaciones y necesidades de niños y adolescentes y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación», concluyen en el texto unánime para conmemorar el Día Mundial de la Infancia, que se celebra mañana, día 20.
Los grupos se hacen eco de la revisión de la situación de la infancia en España de UNICEF que ve «alarmante», por ejemplo, que la cuarta economía de la Unión Europea tenga casi a un 30 por ciento de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social.
«Se requiere el compromiso para una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados, poniendo a la familia en el centro de las políticas públicas y garantizando una infancia de calidad a todos los niños», afirman.
La ausencia de datos y de una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia y el impacto de la tecnología sobre las vidas de los niños son otros de los asuntos de los que se hacen eco los grupos en esta declaración institucional en la que ven necesario un consenso para diseñar y aprobar una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia que incluya sistemas de información y sensibilización y con un fuerte enfoque en la infancia más vulnerable.
Los grupos defienden también que la consecución de los derechos de niños y adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento en España, un Estado que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. «Cuando un niño o una niña ve limitada la satisfacción de sus derechos, el impacto en sus vidas es directo. Por ello, todos y todas tenemos un rol fundamental en asegurar su realización», aseveran.
Y destacan la necesidad de defender todos los derechos de todos los niños y enfatizar el poder transformador de la participación infantil y juvenil «en la creación de un mundo mejor para todos».
