Los Comuns piden sanciones a empresas y eliminar aforamientos tras el caso Cerdán

Se reunirán para abordar las próximas decisiones y piden «acelerar» los acuerdos del Gobierno de coalición

BARCELONA, 19

Las coordinadoras nacionales de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, han enviado este jueves una carta a los inscritos del partido ante la «grave crisis institucional generada por los casos de presunta corrupción que salpican el entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez», en que proponen medidas anticorrupción como eliminar los aforamientos y hacer efectivas las sanciones a empresas que participen de ella.

En la misiva, sostienen que la corrupción es evitable, y que es necesario luchar contra la corrupción estructural, preventiva y transformadora y una regeneración democrática como elemento central del cambio político: «Solo un gobierno absolutamente transparente e íntegro puede ser un gobierno que trabaje en favor de la gente», aseguran.

Ante este contexto, la dirección del partido ha reclamado que se «acelere» el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de coalición, especialmente en aquellas medidas que textualmente den una respuesta real y urgente a los problemas de la gente.

«Los discursos y las promesas no son suficientes, es necesario demostrar con hechos que este es un gobierno que responde a las mayorías con políticas concretas y una gestión pública impecable», expresan.

López y Tarafa reunirán en los próximos días de forma extraordinaria a la Comisión Ejecutiva Nacional de los Comuns para abordar la situación política y «las decisiones que se deberán tomar» e instan a las direcciones territoriales y sectoriales a reunirse para hacer lo propio.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Una de las principales medidas que proponen es la eliminación de los aforamientos para agilizar los procedimientos judiciales en casos de presunta corrupción y eliminar las dilaciones indebidas como atenuante, así como aumentar los recursos del sistema judicial y evitar «la politización del poder judicial y garantizar la objetividad de todos sus miembros en sus actuaciones».

Respecto a las empresas implicadas en casos de corrupción, piden «hacer efectivas» las sanciones a las mismas y que no puedan contratar con el sector público en 20 años, además de ampliar las exigencias en sus medidas de prevención de la corrupción, ampliar el papel de las pymes, y regular de forma más estricta los conflictos de interés y las puertas giratorias.

Defienden ampliar a 5 años el periodo en que los cargos públicos pueden ingresar en empresas del sector al que regulaban, así como ampliar las obligaciones de publicación de declaraciones de bienes e intereses, y de publicación de agenda de reuniones y contactos con lobbies .

También ven necesaria una Oficina Independiente contra la Corrupción, con capacidad sancionadora y un buzón anónimo de denuncias, así como una nueva Autoridad de Protección del Informante de casos de corrupción y de un espacio de coordinación entre todas las autoridades públicas que trabajen en la garantía de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

NOMBRAMIENTOS

Sobre los altos cargos, reclaman reforzar los sistemas de nombramiento y reforzar la transparencia de los mismos con procedimientos públicos, abiertos y transparentes, además de separar claramente entre los cargos políticos y administrativos «también en los cuerpos policiales» y un sistema de becas para opositores a cuerpos de la administración.

Finalmente, plantean el uso de herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial para el control del gasto público y la contratación, y mejorar las webs de contratación pública para ponerlas «efectivamente a disposición de la ciudadanía».