Los Comuns creen que la sentencia a García Ortiz merece «una sanción» del CGPJ: «Ha habido una vulneración clara»

Asens cuestiona la imparcialidad de los magistrados y califica el caso como «kafkiano» y «surrealista»

El abogado y eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz merece «una sanción» por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alegando que los magistrados no han sido imparciales y que algunos de ellos tienen «conflicto de intereses» por tener una «relación de confianza» con una de las partes.

En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, que ha recogido Europa Press, Asens ha recordado la denuncia interpuesta la semana pasada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante la ONU, aunque en su opinión la cuestión de la independencia de los magistrados «merece una sanción» en el CGPJ.

«Si uno coge la ley orgánica del Poder Judicial, es evidente que ha habido una vulneración, una vulneración clara. Y hay un conflicto de intereses en muchos de esos magistrados», ha explicado el eurodiputado, aludiendo a que uno de los magistrados del TS que ha firmado la condena al ex fiscal general, Antonio del Moral, dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso.

Para Asens, esos magistrados «se tendrían que haber abstenido» o haber puesto en conocimiento del resto del tribunal «que tenían una relación de confianza con una de las partes», un elemento que se ha conocido «con posterioridad» y que «han ocultado» los miembros del Supremo.

El problema es, en su opinión, que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, «se ha puesto del lado» del ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, y que «por tanto será difícil que prospere».

LOS JUECES DEBEN PARECER IMPARCIALES

Preguntado por la participación de tres magistrados en cursos formativos por los que cobraron del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) –que a su vez es acusación particular en el proceso contra el ex fiscal general–, Asens ha afirmado que estos no han mantenido una imagen de imparcialidad.

«Los jueces no solo tienen que ser imparciales, tienen que parecerlo. Y en este caso hay muchos elementos que rompen esa imagen de imparcialidad», ha señalado.

El abogado ha lamentado que tiene «la sensación» de que se está «otra vez» en «un caso de abuso de una oligarquía judicial» y de «un despotismo propio de una oligarquía judicial» que «en realidad no cree que este Gobierno sea legítimo».

Ha afirmado que hay jueces que opinan que el Ejecutivo «debería convocar elecciones» porque «la derecha no acepta el resultado de las elecciones», pero «la derecha judicial tampoco».

«ESTAMOS ANTE UN CASO MUY KAFKIANO»

Con todo, Asens ha definido el caso por el se ha condenado al fiscal general por haber revelado datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, como «un caso muy kafkiano, muy surrealista».

Entre otros motivos, porque el tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado por filtración «ha sido el primero en filtrar datos que no puede filtrar», como por ejemplo «datos personales» de García Ortiz como su dirección o su correo electrónico.

«Eso afecta mucho más a su vida personal que lo que presuntamente puede afectar a la pareja de Ayuso, porque estamos hablando de datos procesales, en este caso, de actos de corrupción, como los papeles de Bárcenas. ¿Podríamos decir que los papeles de Bárcenas también afectan a su intimidad, el hecho de que se hicieran públicos?», se ha preguntado.

El dirigente de los Comuns ha defendido que el tribunal que ha condenado al fiscal «no es coherente» y que en el caso concreto del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, «incurre en un delito» por haber revelado «cosas que no puede revelar» en «la sede de la acusación que el paga», durante los cursos del ICAM y en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado.

«Revela el estado de las deliberaciones, revela que se ha desplazado a la ponente, a Susana Polo, que es progresista, porque su tesis absolutoria ha caído y por eso él es el ponente», ha asegurado, recordado que el Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe precisamente «revelar el estado de las deliberaciones».