Los cabildos avalan el decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11

La Comisión General de Cabildos, con la ausencia de Gran Canaria, han avalado este jueves proseguir con la tramitación parlamentaria del decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

El viceconsejero de Reconstrucción de La Palma, Pedro Afonso, ha apuntado que este decreto da respuesta a la voluntad de los afectados de «recuperar lo perdido» por la erupción con el fin de favorecer el retorno de la población y evitar el «desarraigo» en el Valle de Aridane.

Ha indicado que el decreto se circunscribe a los tres municipios afectados –El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane–, reconoce los derechos de los afectados y también el de los herederos, simplifica la burocracia para otorgar licencias y crea un consejo social con participación de los afectados.

Ha comentado que se garantiza la propiedad privada y se busca, en la medida posible, la recuperación de las zonas afectadas en un máximo de 534 hectáreas y dependiendo del espesor de las coladas de lava, con la delimitación de tres zonas: verde, amarilla y roja.

Asimismo ha señalado que, aún con condicionantes, la norma está avalada por el Consejo Consultivo dado que se reconoce su urgente necesidad y cumple con el Estatuto de Autonomía y que este decreto es el primero de una serie de tres más relacionados con la agricultura y la economía.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha destacado la «constancia» del pueblo palmero y ha mostrado su confianza en que va a «superar» las consecuencias de la erupción pero ha mostrado sus «dudas» con un decreto que no responde a todas las necesidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Nereida Calero (CC), consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, ha destacado la capacidad «resolutiva» y la rapidez de la consejera de Presidencia, Lady Barreto, subrayando que aunque «no es fácil sobreponerse» a una erupción volcánica, este decreto marcará «un antes y un después».

Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera, ha pedido «compensaciones» para los afectados incluidos en la zona roja ya que van a tardar mucho tiempo en poder construir sus viviendas.

No obstante ha indicado que el decreto es «bueno» para La Palma y responde al «compromiso» del Gobierno con la reconstrucción.

LANZAROTE: LA ERUPCIÓN PUEDE SER UNA «OPORTUNIDAD»

Jesús Machín, consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, se ha mostrado a favor de tramitar el decreto como proyecto de ley, ha recordado el trabajo que se hizo en la pasada legislatura y ha apuntado que aunque aún es «difícil» por el daño que generó la erupción, también debe verse como una «oportunidad» para un desarrollo distinto en la isla.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha reconocido también el trabajo del Gobierno canario en la anterior legislatura pero ha valorado que este decreto se acerca más a las expectativas de los afectados porque reconoce sus derechos y se trata de evitar el desarraigo.

Ha valorado también que se aumente el plazo en vigor en cuatro años más, que se hayan concedido ya 249 licencias urbanísticas y que se de «certeza» a los afectados, algo que, entre otras cosas, va a ayudar a la salud mental.

José Miguel Ruano, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, ha apuntado que la recuperación total de La Palma «llevará muchos años» y por eso entiende que es importante determinar «el rumbo de la nave» con una «norma especial».

Raúl Acosta, portavoz de AHI, ha solicitado también que el decreto se tramite como proyecto de ley porque hay algunos «defectos», especialmente que pueda haber diferencias de aplicación entre municipios.

Así, espera que se puedan «perfilar» algunos asuntos para evitar «contradicciones» y se ha mostrado convencido que este decreto, con algunas normas «especiales», puede servir para otras islas, especialmente para las islas verdes .

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado que el decreto permita «recuperar lo perdido» y compense su valor y al igual que Curbelo, ha pedido alguna compensación adicional para los afectados que han quedado incluidos en la zona roja .

Paula Jover (Vox) ha cargado contra la «deriva» del Gobierno de Canarias por el uso «abusivo y arbitario» del decreto-ley si bien en este caso concreto cree que está justificado porque La Palma ha sufrido una «catástrofe sin precedentes».

NC-BC: DUDAS CON VIVIENDAS ILEGALES, FUERA ORDENACIÓN Y VACACIONALES

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha apuntado que la reconstrucción de la isla es una «tarea ardua y compleja» y por ello ha planteado la necesidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley porque la norma le genera «dudas» en torno a la vivienda vacacional, las ilegales y las que estaban fuera de ordenación.

Juan Manuel García Casañas (PP) ha indicado que el decreto responde a una «situación excepcional» y entiende que también hay que tramitarlo como proyecto de ley.

Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que este decreto va a empezar a «devolver la vida a los palmeros» junto al resto de decretos y la futura ley de volcanes, y ha incidido en el trabajo del nuevo texto tras unos borradores del anterior Ejecutivo en los que se trataba de «salir del paso».

«Se trata de devolver al pueblo palmero lo que es de justicia», ha señalado, poniendo sobre la mesa también la aprobación de los decretos estatales de este miércoles en el Congreso que benefician a la isla bonita .

Manuel Plasencia (PSOE) también se ha mostrado a favor de su tramitación como proyecto de ley porque hay muchas «incertidumbres» y el texto «se debe mejorar», afeando a la diputada nacionalista que dijera que los borradores de la pasada Legislatura eran para «salir del paso». «Aquí todos arrimamos el hombro», ha explicado.