Los asesores fiscales denuncian el retraso en los reglamentos de las tasas Google , Tobin y la DAC 6
Afirman que el Gobierno es «consciente» de que los impuestos recaerán en la clase media
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado este jueves los retrasos en la publicación de los reglamentos y los sistemas para la liquidación de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin , así como en el reglamento para clarificar la obligación de los intermediarios de comunicar las planificaciones de operaciones susceptibles de constituir elusión fiscal, recogida en la directiva DAC 6.
En un encuentro informativo virtual, la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, ha denunciado que los nuevos impuestos se están usando como «propaganda» al realizarse el anuncio pero no concretarse los reglamentos ni los sistemas para su liquidación, dando una sensación de «gran improvisación».
Aunque inicialmente estaba prevista la liquidación de la tasa Tobin para el 22 de febrero, Hacienda ha retrasado las primeras liquidaciones a entre el 10 y el 20 de abril, al tiempo que ha aplazado la presentación de la tasa Google prevista para el 30 de abril al mes de julio.
El vicesecretario de la Asociación y responsable de los Grupos de Expertos, Eduardo Gracia, ha criticado que Hacienda no haya sido «capaz» de tener preparados los sistemas informáticos, los modelos y los cauces necesarios para poner en práctica la primera obligación de declaración y el pago en los plazos que se publicitaron. Cuando los aprueben finalmente, el tiempo de adaptación será «mínimo», ha censurado.
En este sentido, ha explicado que están recibiendo consultas de varias agencias internacionales y de brókers con un «gran desasosiego» por no saber cómo tendrán que pagar el impuesto a las transacciones financieras.
«Algo no está funcionando bien, no creo que estemos dando una buena imagen de país cuando las cosas no se hacen dentro de los plazos que la propia Hacienda había fijado», ha lamentado, denunciando que «no hay la más mínima seguridad jurídica» requerida para que los contribuyentes puedan cumplir en plazo.
Ante esta situación de «incertidumbre absoluta», ha considerado que habría sido también más prudente haber esperado, en el caso de la tasa Google , a que se consensúe una solución a nivel del G-20 o de la UE, plazo fijado para el mes de julio, máxime ante las amenazas de aranceles de Estados Unidos a España.
De hecho, Gracia ha avisado de que el impuesto «propagandístico» a servicios digitales «no merece la pena para las empresas ni para Hacienda» por sus costes de implantación del sistema cuando en 2022 o 2023 «va a haber que eliminarlo». También ha alertado de que este impuestos acabará capturando a «muchísimas empresas» españolas que realizan parte del negocio por medios digitales.
Respecto a la repercusión de estos nuevos impuestos en los consumidores, Raventós ha apuntado que el Gobierno «tenía que ser consciente» de ello, tal y como avisó Aedaf «hace meses», algo en lo que ha coincidido Gracia al tratarse de impuestos que «gravan a las clases medias», puesto que la tasa Tobin afecta a los planes de pensiones.
RETRASO EN LA DAC 6 Y POSIBLE EXPEDIENTE DE LA CE A ESPAÑA
A las tasas Google y Tobin se suma el «carajal» que para los asesores fiscales está suponiendo el retraso del reglamento y las aclaraciones solicitadas a la Dirección General de Tributos sobre la directiva DAC 6, que obliga a que los intermediarios informen sobre operaciones susceptibles de elusión fiscal.
En este caso Gracia también ha denunciado que «no hay reglamento, ni orden, ni se pueden presentar ni tenemos ningún tipo de aclaración» sobre una obligatoriedad de presentar reportes «históricos» sobre operaciones desde julio de 2018 a diciembre de 2020, cuyo plazo empezó en teoría el pasado 1 de enero de este año.
Ha criticado que España llegue «tarde» a pesar de que la Comisión Europea retrasó los plazos seis meses y fijó el límite de plazo en el 28 de febrero.
Raventós ha hecho hincapié en el «total deconocimiento» sobre lo que hay que hacer ante la norma que ha tildado de «deplorable» desde el punto de vista técnico y legislativo, y ante la ausencia de modelos para declarar las posibles planificaciones fiscales susceptibles de elusión.
En este punto, Gracia ha indicado que en Hacienda «dan por hecho que se llegará tarde y habrá que establecer nuevos plazos ad hoc para cumplir con la directiva», con el consiguiente riesgo de que la Comisión Europea pueda abrir un expediente a España y en un contexto en el que España es el país «más retrasado» en la aplicación entre los grandes de la UE. Alemania, Austria y Finlandia aprobaron ya sus regulaciones en julio del año pasado.
A juicio de Raventós, las opciones ahora pasan por que se prolonguen los plazos al no haber «ni medios ni reglamento», que no se extiendan y no se pueda cumplir, o que los asesores escriban «largas» cartas a Hacienda mostrando el interés por cumplir y que desde el Fisco las discriminen.
En todo caso, desde Aedaf prevén que con el paso del tiempo la presentación de esas planificaciones irá decayendo.
NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA AEAT
Por otra parte, respecto a la nueva organización en la AEAT, Gómez Taboada ha reconocido el «esfuerzo» de la Administración por adaptarse al mundo digital, pero ha alertado de que debe ser con voluntariedad, ya que hay muchas zonas sin cobertura digital.
Además, sobre la transformación del 25% de administraciones físicas en puntos de información y asistencia, ha dicho ver la «buena voluntad» de aprovechamiento de recursos públicos, pero llama la atención sobre la importancia de la atención presencial física, algo que ha pasado a ser «muy complicado» desde hace un tiempo.
«Una conversación de 5 minutos o media hora solventa un problema que con papeleo tarda semanas, meses o años e incluso deriva en pleito», ha apostillado. Desde Aedaf han indicado que se producen comprobaciones tributarias a través de plataformas como Zoom y a centenares de kilómetros de distancia, y han indicado que se ha relajado el número respecto al «aluvión» de requerimientos de la AEAT de los meses del verano pasado.