Los afectados por las sentencias de derribo retoman las movilizaciones y acciones para pedir «soluciones ya»

La primera acción será una concentración el jueves, 26 de noviembre, ante el Ayuntamiento de Argoños

AMA, la asociación que en Cantabria aglutina a los propietarios de vivienda con sentencia de derribo, volverá a las movilizaciones y a las acciones reivindicativas ante la «desesperación» de los afectados, que piden «soluciones ya».

De esta manera, y a pesar de las limitaciones del COVID-19, se ha decidido retomar las concentraciones, la primera el jueves, 26 de noviembre, a las 11.00 horas, ante el Ayuntamiento de Argoños. Está previsto que se celebren protestas de este los jueves, según ha informado en un comunicado la asociación.

Esta primera concentración se celebrará bajo el lema Maltratar a cientos de familias durante décadas es un delito y, en ella, participará un «reducido» número de afectados con sus pancartas, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y con las distancia social necesaria.

OTRAS ACCIONES REIVINDICATIVAS

Además, se retoma tras 8 años el Grupo del Jueves , cuyos miembros colocarán banderas y pancartas «para pedir Justicia ante la instituciones» con el objetivo de que «se vea que no han desaparecido» y que «ni mucho menos se ha solucionado la injusticia que se está cometiendo con cientos de familias».

Otra de las iniciativas que se llevarán a cabo, será la elaboración, por parte de los afectados, de vídeos cortos de apenas un minuto denunciando la injusticia que viven, que subirán al canal de Youtube de la asociación y a las redes sociales.

También AMA presentará iniciativas ante las instituciones, como el Parlamento de Cantabria, para que cumpla sus propias resoluciones que piden un solución final para las víctimas de las sentencias de derribo y ante el Congreso y Senado, pues, según señala, las leyes aprobadas en las Cortes «se ignoran o se dejan sin contenido en su aplicación».

Además, se llevarán iniciativas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para informar de que «12 años después, siguen sin hacerse realidad la petición de soluciones que han pedido esta comisión a las instituciones españolas».

«Cuando las Administraciones Públicas son las culpables, no lo pueden pagar ciudadanos inocentes», ha aseverado AMA.

VUELVEN TRAS «ENGAÑOS», «INCUMPLIMIENTOS» Y NUEVOS AUTOS JUDICIALES

AMA ha achacado esta decisión de retomar las protestas y acciones reivindicativas ante los «engaños» cometidos, a su juicio, por parte de las Administraciones Públicas, como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamiento afectados.

«Los incumplientos, sus promesas vacías de contenido, incluso el incumplimiento de las resoluciones y acuerdos es una auténtica vergüenza», ha censurado AMA.

Esta asociación ha reclamado que «se haga justicia ya» y «no se dilapide» el dinero de los ciudadanos en planes generales de ordenación urbana que, según AMA, «nunca ven la luz», y largos procesos judiciales.después de que

También se ha decidido regresar a la acción después de que, según ha explicado, haya habido nuevos autos de derribo que han provocado «miedo y zozobra» entre las familias afectadas.

AMA ha exigido a todas las partes, «por enésima vez, el final de esta situación tan dura e injusta» y les ha pedido que «dejen de mirar para otra parte, o de echarse la culpa entre ellos». «Son muchos los amigos que se nos quedado en el camino», ha recordado.

También ha expresado su «preocupación» por, según ha advertido, el «posible incumplimiento» de los acuerdos firmados, y plasmados formalmente en los convenios entre el Gobierno de Cantabria y los afectados.

Y es a AMA le «da la impresión» de que el Gobierno regional (PRC-PSOE) «no respeta» lo literal los convenios que firma y hace «interpretaciones de parte, que pretenden diluir los derechos y acuerdos ya conseguidos y firmados».

«El Gobierno, con su presidente Miguel Ángel Revilla, tiene un deuda ética y moral con estas familias. Mirar para otra parte es una cobardía imperdonable», ha aseverado la asociación.

AMA ha insistido en que los afectados por las sentencias de derribo «siguen sin ver las soluciones prometidas, anunciadas e incluso aprobadas reiteradamente».

«Los PGOU siguen sin aprobarse, retraso, tras retraso, pasan los meses los años y hasta la décadas sin que se aprueben definitivamente, gastando los recursos de todos los ciudadanos y sin poner los mismos a disposición de la autoridad competente, sin llevarlos ante la justicia, para que se una vez por todas sepamos que viviendas cumplen la legalidad vigente», ha denunciado.

«Con el tiempo la injusticia con cientos de familias que no tienen culpa alguna sigue creciendo se hace insoportable. Los problemas crecen en formas de nuevos autos, que nos amenazan con el derribo de nuestra viviendas, sin saber si las mismas pueden o no ser regularizadas. O incluso si pueden ser derribadas y posteriormente saber que hubieran sido legales», ha resumido.