Los acusados de tener 22 empleadas sin dar de alta en un club de alterne de Heras aceptan 9 y 6 meses de cárcel

Los dos encargados de un club de alterne ubicado en la recta de Heras (Medio Cudeyo), acusados por tener a 22 mujeres trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, han aceptado 9 y 6 meses de cárcel cada uno, tras el acuerdo alcanzado entre su defensa y la Fiscalía y la acusación particular, que pedían en principio para ellos dos y tres años de prisión, respectivamente.

Se trata del administrador único de la mercantil que gestiona el club y el encargado del local, quienes eran los responsables de la contratación de las personas que trabajaban en el local, cuyo juicio estaba previsto este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Tras el acuerdo de conformidad alcanzado, al primero de ellos, que tiene una condena posterior a estos hechos, se le imponen 9 meses de prisión y una multa de 2.160 euros, más inhabilitación como administrador en el sector durante el tiempo de la pena y para el derecho de sufragio pasivo.

Mientras que para el encargado del local, que no tiene antecedentes, la pena es de 6 meses de cárcel y la multa de 1.440 euros, además de la misma inhabilitación durante el tiempo de su condena.

Estas penas corresponden a un delito contra los derechos de los trabajadores, aplicando los atenuantes por reparación del daño con el pago de una indemnización de 547 euros –la cantidad dejada de cotizar el día de la inspección– a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En un principio la Fiscalía pedía una pena de dos años de prisión y 2.700 euros de multa a cada uno, mientras que el letrado de la Seguridad Social, que ejerce la acusación particular, constataba «graves irregularidades laborales» y elevaba la petición a tres años de cárcel y 6.000 euros de multa, además pedía la clausura del negocio durante tres años o, subsidiariamente, la suspensión de la actividad durante el mismo periodo.

Durante la vista, ambos han reconocido los hechos y han aceptado la pena acordada, rechazando ejercer el derecho a la última palabra, por lo que se ha decretado la sentencia.

Según el escrito de la Fiscalía, en julio de 2019, la Inspección de Trabajo realizó una visita al club y comprobó que 22 personas que realizaban servicios como camareras de alterne no se encontraban dadas de alta en la Seguridad Social.

De ellas, 17 eran españolas o comunitarias, por lo que no requerían autorización de trabajo, y otras cinco «carecían de permiso de trabajo en España».

En total, 38 personas trabajaban en la empresa, 16 de ellas dadas de alta y el resto no, por lo que más de la mitad de la plantilla se encontraba en esa situación.