Los abogados del presunto testaferro de Maduro piden a la CEDEAO que acelere los trámites judiciales
El equipo legal del empresario colombo-venezolano Álex Saab, el supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que acelere los trámites judiciales sobre la supuesta inmunidad diplomática de su cliente, detenido en Cabo Verde y requerido por Estados Unidos, que le acusa de blanqueo de dinero y se le requiere por ser el presunto intermediario entre Caracas y Teherán.
Los abogados de Saab lamentan que la jueza de Cabo Verde encargada de la instrucción se ausentó de la audiencia del viernes en la sede de la CEDEAO para discutirla cuestión, alegando problemas derivados de la COVID-19, argumento que los letrados han considerado insuficiente.
«Aparte del hecho de que la epidemia ya existe desde hace más de un año y no ha impedido su asistencia, esta ausencia equivale a un claro y deliberado intento del Gobierno de Cabo Verde de sabotear la audiencia y desacreditar al Tribunal», lamentan.
Ello implica que Saab permanecerá bajo custodia al menos hasta el lunes, lo que «prolonga la tortura psicológica» de su cliente, de acuerdo con la carta de los abogados, que sospechan de que la ralentización del procedimiento «presumiblemente como consecuencia de la presión de Estados Unidos».
Así las cosas, «el equipo jurídico solicita la intervención directa de los Jefes de Estado de la CEDEAO para hacer responsable a Cabo Verde del continuo incumplimiento de la orden vinculante del 2 de diciembre de 2020 emitida por la CEDEAO, que destruye deliberadamente los cimientos de la Comunidad y el Tribunal de la CEDEAO», concluye la misiva en relación al mandamiento emitido ese día para sacar a Saab de la cárcel y ponerle bajo arresto domiciliario.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, donde hizo una parada técnica en su viaje hacia Irán, a donde se dirigía en «misión especial humanitaria bajo el título de enviado especial, con inmunidad completa según el Derecho Internacional», para «negociar la entrega de gasolina y otros productos, como recambios, para impulsar la industria petrolera en Venezuela».
El empresario colombo-venezolano ha reiterado que las autoridades norteamericanas le han acusado «sin aportar la más mínima prueba contundente o evidencias de presuntos crímenes cuya única conexión con Estados Unidos es la existencia de pagos realizados a través de cuentas bancarias estadounidenses».
En este sentido, Estados Unidos también le acusa de presunto lavado y blanqueo de dinero, así como de suministrar con sobrecostes ayudas alimentarias a Venezuela.
