Los abogados cántabros urgen revisar los baremos del turno de oficio e incluir todas las actuaciones
Los abogados cántabros reclaman al Gobierno regional la necesidad «urgente» de actualizar el decreto que regula la asistencia jurídica, para revisar los baremos indemnizatorios e incluir «todas» las actuaciones que realizan los letrados del turno de oficio, ya que «muchas» de ellas no están remuneradas en la actualidad.
«No se trata solo de dinero, sino de justicia profesional y social», defienden sobre esta reivindicación del Colegio de la Abogacía a la Administración, a la que también proponen otro tipo de mejoras, como la asignación de espacios reservados en las sedes judiciales para la atención «digna» a detenidos, víctimas y menores.
«A veces tenemos que atender a personas vulnerables en pasillos o incluso en jardines. Es urgente dignificar nuestra labor», ha expresado este jueves el decano de los abogados, Carlos Pérez, en un desayuno informativo junto a miembros de su nuevo equipo para presentar la nueva Junta del Colegio.
Ha aprovechado la comparecencia ante los medios para abordar las principales demandas de los casi 2.100 colegiados, de los que 1.200 son ejercientes y unos 550 están en el turno de oficio. El año pasado llevaron a cabo más de 7.000 expedientes que conllevaron un desembolso de 2,8 millones del Ejecutivo autonómico.
Entre las principales reclamaciones que ha expuesto Pérez destaca también la necesidad de contar con plazas de aparcamiento reservadas para los abogados de guardia en las sedes judiciales, debido a sus desplazamientos frecuentes a comisarías, cuarteles y juzgados, «a menudo en horarios intempestivos y con escasos recursos logísticos».
«Los letrados, especialmente en Santander, deben cubrir hasta seis desplazamientos en un mismo día» de guardia, con sus propios vehículos, asumiendo el coste del combustible, del estacionamiento regulado y, en ocasiones, incluso multas», ha expuesto el decano, que urge la habilitación de espacios seguros que permitan a estos profesionales realizar su trabajo «en condiciones de igualdad» con el resto del personal judicial, evitando las dificultades que enfrentan en el ejercicio de un servicio «esencial» como es el turno de oficio.
