Los 28 quieren permitir deportaciones a «cualquier país tercero seguro» en la futura reforma del retorno

BRUSELAS, 7

Los ministros de Interior de la Unión Europea han pactado este viernes las primeras líneas de negociación para la reforma de las reglas de retorno de inmigrantes irregulares que tendrán que pactar con la Eurocámara y que incluyen medidas como permitir las deportaciones a «cualquier país tercero seguro», siempre que sea como último recurso y bajo ciertas garantías.

Así lo ha explicado la ministra de Interior rumana y presidenta de turno de la UE, Carmen Daniela Dan, al término de la reunión que han mantenido los Veintiocho en Luxemburgo, durante una rueda de prensa en la que ha dicho que las delegaciones han logrado un «compromiso satisfactorio» sobre parte de las claves de la negociación.

Quedan fuera de este consenso, sin embargo, otros asuntos de peso para la reforma como los procedimientos en frontera para los inmigrantes que no tengan derecho a protección internacional, ya que no se han resuelto elementos como si ha de ser un procedimiento obligatorio o voluntario y, además, está vinculado a la reforma, más compleja, de las reglas de asilo.

Antes del debate en Luxemburgo, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado a su llegada la disposición de España por lograr un consenso europeo en esta materia, si bien ha admitido que hay aún reservas que resolver.

En cualquier caso, ha dicho García-Marlaska, las dudas de España tienen que ver con «problemas técnicos» por el modo en que se trasladaría a la legislación nacional la reforma, que a cuestiones políticas.

Al término del encuentro, la ministra rumana, que ha mediado entre los Estados miembros, ha celebrado el acuerdo parcial alcanzado por la necesidad de agilizar las deportaciones, ya que a su juicio subir el número de retornos es «la mejor manera de combatir el modelo de negocio de los traficantes de personas», porque prueba que su método no garantiza la entrada en Europa.

PROCEDIMIENTOS MÁS CLAROS Y RÁPIDOS

Además de abrir la puerta a las devoluciones a países terceros distintos al de origen o tránsito del migrante detenido, los ministros europeos abogan por procedimientos «más claros y rápidos» tanto para decidir la expulsión como para interponer los recursos.

Así, por ejemplo, sería obligatorio emitir una decisión de retorno a la vez que se dicte la decisión sobre el cese de la estancia legal, o poco después.

También pedirán que la reforma recoja la obligación de las personas sujetas a un expediente de retorno a cooperar, de modo que las autoridades puedan tomar medidas contra ellas si no cooperan.

La revisión de las normas debería igualmente prever reglas más eficaces para las deportaciones voluntarias, por ejemplo con la obligación de los Estados miembros de contar con programas específicos.

Finalmente, el enfoque que los Veintiocho quieren defender cuando se abran las negociaciones con la Eurocámara incluirá crear una lista común, no exhaustiva, de criterios objetivos para determinar el riesgo de fuga y la posibilidad de internar a nacionales de terceros países si suponen un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad del Estado.