Los 27 acuerdan posición para endurecer leyes contra las mafias que trafican con migrantes

España se opone por no dejar claro que los países pueden no castigar penalmente el socorro humanitario

BRUSELAS, 13

Los ministros de Justicia de la Unión Europea han acordado este viernes la que será su posición negociadora de la reforma que establece penas mínimas comunes contra las mafias que trafican con personas, un endurecimiento de la normativa comunitaria que España comparte en el fondo pero contra la que se ha posicionado por considerar que diluye la cláusula que permite a los países no castigar penalmente a quienes socorren a migrantes por razones humanitarias.

La posición consensuada a 27 ha salido adelante con la única oposición expresa de España, si bien Alemania y Portugal también han señalado en el debate de ministros su desacuerdo con que la llamada «cláusula humanitaria» no se incluya en el articulado de la nueva norma sino que quede relegado en el preámbulo, sin el mismo valor legal.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado en el debate público que han mantenido los ministros en Bruselas de que si la referencia a la cláusula humanitaria se queda en los considerando , como propuso la Comisión Europea en su propuesta inicial y respaldan ahora los 27, la UE enviará un «mensaje político que creemos puede ser preocupante».

La cláusula en cuestión ya existe en la legislación comunitaria existente desde 2002 para aclarar que determinada asistencia a los migrantes irregulares, en concreto cuando se trata del apoyo a familiares o para cubrir necesidades básicas, puede no ser considerado constitutivo de delito penal de tráfico de migrantes.

Si la norma definitiva, que aún tienen que negociar los 27 con la Eurocámara, mantiene la referencia a esta cláusula en los considerando y no en el articulado, quedará en manos de los Estados miembro decidir cómo tratar esta cuestión en su legislación nacional.

En cuanto a las sanciones contra los traficantes, la posición del Consejo establece una pena máxima de prisión de al menos tres años, aunque deberán ampliarse a al menos ocho años cuando los traficantes actúen en el marco de una organización delictiva o cuando recurran a la violencia grave contra los migrantes.

A diferencia de Bruselas, que propuso penas de al menos 15 años de prisión para los casos más graves, por ejemplo, cuando el tráfico ilegal lleva a la muerte de quienes tratan de llegar a la Unión Europea, los gobiernos establecen ese umbral en al menos 10 años, dado que es el tope máximo previsto en otras legislaciones comunitarias.

«Es importante que este delito se tipifique de manera homogénea en toda la UE. Al adoptar una postura firme contra los traficantes, podemos proteger a las personas de la explotación por parte de delincuentes», ha dicho, por su parte, el ministro de Justicia húngaro y presidencia de turno de la UE, Bence Tuzson.