VALENCIA, 17

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, alude habitualmente a su comparecencia del 21 de abril de 2021 en Les Corts cuando le preguntan sobre cuándo fue conocedora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. En aquel momento, explicó que lo descubrió cuando llegó la citación judicial a su domicilio: «Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta».

Según explicó en 2021, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones fuera de Valencia, por una llamada que avisaba de la llegada de esta citación al domicilio. «Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo», ha indicado. La investigación en el centro había comenzado en el mes de febrero.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, se le ha preguntado a la vicepresidenta por su relación con su exmarido en aquel momento. Oltra ha señalado que «compartía inmueble, pero no convivencia» con él entonces.

Además, también hoy ha indicado que se puso en contacto con su jefe de gabinete por vía telefónica cuando se enteró de la situación. En la comparecencia de abril de 2021 explicó que le dio instrucciones a su jefe de gabinete «en el sentido de recabar información y, lógicamente, de exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven».

«Es posible que a muchos de ustedes les resulte difícil entender que me haya enterado de cosas de manera fortuita o circunstancial. Lo entiendo perfectamente. Yo también pensaría esto si no hubiera vivido el auténtico desbarajuste que nos encontramos en el sistema de protección de personas menores de edad», aseveró entonces.

Así, hizo notar que en 2015, se encontraron con un sistema «privatizado, sin orden ni concierto, sin instrucciones claras al personal, que funcionaba más por la inercia que la experiencia que por órdenes claras», algo que «ciertamente se intuía en la sentencia», aunque ha afirmado «no necesitar una sentencia para saberlo».

Además, señaló: «Nadie, ni dentro ni fuera de esta sala lamenta más que yo lo que le ha ocurrido a Maite porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo falló desde el principio». Manifestó igualmente que desde que llegó al Consell ha tenido una «divisa», que es «trabajar cada día por tener una red de protección a los niños y niñas que lo requieren». «Un sistema que impida que haya más Maites «, aseveró.

CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES

Oltra explicó que el protocolo que regía en aquel momento no obligaba a comunicar los hechos a Fiscalía ni a instancias superiores de la Conselleria si no se veían indicios sólidos del delito, algo que cambió en septiembre de ese año, cuando una instrucción de la Dirección General de Infancia y Adolescencia exhortó a los centros a poner en conocimiento del fiscal cualquier denuncia de este tipo.

Los hechos llegaron a manos de la justicia a partir de junio, cuando la Policía encontró a la menor después de fugarse. Esto sucedió el día 22, y el 6, 10 y 14 de julio, la Fiscalía instó al traslado de centro de la menor, hecho que se produce el 16 de agosto.

El 28 de julio se acordó la prohibición al educador de aproximarse a menos de 200 metros de la menor y comunicarse con ella. Ya en agosto, después de que Oltra recibiera la citación el día 4, el lunes siguiente (7), el jefe de gabinete informa al subsecretario de la notificación, y el 8 la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de expediente informativo por haber tenido «conocimiento verbal en el día de hoy».

El 11, la subsecretaría dictó una resolución por la que instaba a las direcciones territoriales a ofrecer la máxima colaboración con Fiscalía de menores. El 21 de agosto, Infancia abre expediente y se deriva a la Fundación Espill para su valoración, que comienza el 25 de ese mismo mes. La valoración termina en noviembre, y se incorporan las conclusiones al expediente informativo de la dirección general, que se remite a Fiscalía el 30 de noviembre.

La vicepresidenta aseguró en abril que era una demostración de que no hubo trato de favor a su exmarido el hecho de que la defensa del acusado no conociera la existencia del informe de la Fundación Espill durante el primer juicio. «Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, ocultar información que puede resultarle favorable no es la mejor manera, ¿no creen?», planteó.