Llop dice que Gobierno responde a la preocupación por la okupación con medidas, «no con alarmismo», y de forma integral

MÁLAGA, 19

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este jueves que el Gobierno responde a las preocupaciones que genera el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas «con medidas adecuadas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, no con alarmismo» para dar una solución «de conjunto»; apostando por abordar el fenómeno de forma «integral» y por la coordinación con los distintos agentes y administraciones.

Así lo ha indicado en su intervención en el I Congreso Nacional sobre la Ocupación Ilegal de Inmuebles, organizado por la Abogacía de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el de Mataró, apuntando que en 2020 el número de denuncias se incrementó en un 40,9% en cuatro años, hasta los 14.621 hechos; siendo Cataluña la comunidad autónoma más afectada.

Llop ha asegurado que la ocupación ilegal «nos preocupa» al Gobierno, a los propietarios de las viviendas, «que ven vulnerado su derecho», así como al vecindario y el entorno, además de «la alarma social que generan estos hechos». Por eso, ha dicho que esta «complejidad» obliga «a ser muy rigurosos y evitar posibles confusiones que nos pueda dar una percepción equivocada de esta cuestión porque corremos el riesgo de infundir una preocupación mucho mayor».

Así, ha afirmado que no se puede caer en equiparar la ocupación ilegal con «aquellos casos de imposibilidad de pago de la hipoteca o el alquiler», en los que, ha apuntado, «asoma otro problema social como es la falta de recursos económicos de las personas más vulnerables para acceder a un bien tan básico como es la vivienda en condiciones dignas».

Por eso, ha incidido en que es una cuestión que tiene que ser «abordada de una manera multidisciplinar, integral, holística, comprensiva, que requiere una reflexión importante, un análisis detallado desde nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto, desde una perspectiva penal, administrativa, civil».

Además, la ministra ha considerado que este fenómeno también tiene que abordarse desde la coordinación entre las distintas administraciones territoriales competentes y con los agentes implicados; lanzando un mensaje de «tranquilidad, no solo somos sensibles a lo que está ocurriendo, no solo tenemos diagnosticado el fenómeno, sino que estamos poniendo medidas sobre la mesa».

«Estamos abordando este problema con la responsabilidad que requiere, para dar una respuesta de conjunto desde un plano social y normativo», ha manifestado, apuntando que también buscan «prevenir» junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al mismo tiempo «desplegar medidas jurídicas y sociales», para garantizar «el escudo social».

Llop ha insistido en que se está con los agentes implicados «en pleno proceso de reflexión y diálogo profundo para buscar las mejores soluciones para responder a una compleja realidad, con los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, haciendo que caiga todo el peso de la ley sobre las mafias», ante las que, ha dicho, «tenemos ya figuras penales»; pero también «con medidas de carácter social para personas en situación de vulnerabilidad».

Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, también ha abogado por la coordinación y actuaciones «integrales» ante este fenómeno que «no es aislado y detrás del que hay cuestiones de índole social, de legalidad y de seguridad ciudadana», apostando por «reformas normativas que amparen a las víctimas», ya que, ha considerado «hay carencias» en las leyes españolas en este sentido.

Ha criticado igualmente a las mafias «que utilizan a las personas más vulnerables para que se apropien de las viviendas para luego extorsionar a los propietarios; hechos tan graves que han llegado al Tribunal Europeo», por lo que ha incidido en la necesidad de «contar con una normativa eficaz que ampare el derecho a la propiedad recogido en la Constitución».

Carazo ha destacado las medidas puestas en marcha en Andalucía en el marco de sus competencias, como la creación de un grupo de trabajo para coordinar las consejerías implicadas y el Sistema Andaluz de Asesoramiento para las víctimas, así como las oficinas antiocupación en todas la provincias, que facilitan asesoramiento y se orienta sobre las medidas y vías para el desalojo, entre otros servicios.

La consejera andaluza se ha referido a los últimos cambios normativos para acceder al plan de vivienda, que también tiene en cuenta a las personas vulnerables; y ha señalado el «esfuerzo» ante la ocupación ilegal en el parque público de viviendas y también en la construcción de inmuebles a un precio asequible, con 3.000 nuevas en tres años, que hacen un parque público de 75.000.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que lo que ocurre en España con la okupación «no tiene parangón en Europa, quizás solo Portugal tiene una situación parecida, pero otros países cuentan con leyes específicas con las que han conseguido avances».

Por eso, ha pedido «voluntad real para poner en marcha un cambio normativo para proteger a los propietarios», el derecho a una vivienda y a la propiedad privada. Ha señalado que la actuación de las mafias «no solo perjudican a los propietarios sino a las personas vulnerables que recurren desesperados a la ocupación».

Asimismo, ha apuntado que estas situaciones «puede alterar la convivencia» y en el caso de la Costa del Sol puede repercutir en la imagen «desde el punto de vista turístico y de los inversores extranjeros». «Hay que ofrecer seguridad jurídica y mejorar la coordinación entre los distintos agentes de los procesos judiciales», ha insistido.

CONGRESO

La ministra de Justicia ha señalado que el congreso es «muy completo», porque aborda cuestiones como el derecho a la vivienda, que es para el Gobierno el quinto pilar del Estado de Bienestar» y también cómo se complementa con el derecho a la propiedad, asegurando que los dos «son absolutamente compatibles en nuestra Constitución, que protege a ambos».

Asimismo, ha señalado que toca el impacto de este fenómenos en las comunidades de vecinos, en la convivencia social, el papel de las administraciones territoriales, aspectos civiles, penales, las mafias, aspectos de derecho comparados y el papel de las fuerzas de seguridad en esta materia.

Por su parte, el decano de la Abogacía de Málaga ha señalado que este encuentro pretende «lograr un cambio normativo ante esta gran problemática que muchos españoles sufren», de forma que se ayude a los propietarios durante todo el proceso.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha apuntado que el encuentro sirve también para «ver si las actuaciones que se han iniciado empiezan a suponer una puerta de salida y logran el resultado que pretenden o no se encuentran bien enfocadas».

La decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, ha incidido en que el problema se ha transformado en delincuencial, con la actuación de grupos que utilizan a las personas más vulnerables; mostrando su confianza en la voluntad del Ministerio «de contribuir a finalizar con este problema».

El decano de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha señalado que este congreso «no va dirigido a la antiocupación, sino a buscar medidas eficaces que proporcionen seguridad jurídica», considerando que «no es una cuestión de tipo penal», aunque sí ha pedido «una medida inmediata de desalojo de la persona que ocupa una persona propiedad de un tercero».

Ha aludido al derecho comparado, señalando que hay países en los que «en sede policial se consigue la recuperación inmediata». «Nadie puede privarte del derecho a una vivienda», ha dicho, apostando por una mayor inversión en vivienda social y por «equilibrar las situaciones» para la mayor protección a los ciudadanos.