Lleno en los centros de acogida a MENAs de Cantabria, que atienden a 129 de estos menores extranjeros

El Gobierno niega un incremento de incidentes de MENAs en los centros pero la Fiscalía sí reconoce que en 2018 hubo conflictos

Un total de 129 menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, son atendidos en los distintos centros de acogida de la comunidad autónoma, que tienen todas sus plazas ocupadas.

Esta es la cifra aportada desde el Gobierno de Cantabria en respuesta a una pregunta planteada, para su respuesta por escrito, por el grupo parlamentario Ciudadanos y, según se indica, son datos a fecha del pasado 27 de septiembre.

El Gobierno de Cantabria ha informado que los centros que acogen a MENAs en la comunidad autónoma suman un total de 118 plazas y todas ellas están ocupadas.

Sin embargo, el Ejecutivo añade que «la estructura de los centros permite acoger a un número mayor de menores, en función de los ingresos que se ordenen por la Fiscalía de Menores, al disponer de un número de plazas mayor».

CONFLICTIVIDAD

Vox también ha planteado al Gobierno algunas preguntas sobre los MENAs que son atendidos en Cantabria.

Así, por ejemplo, ha cuestionado al Ejecutivo por las medidas que se están tomando para «reducir los incidentes y conflictos en los centros de atención a menores extranjeros».

El Ejecutivo ha aclarado en su respuesta escrita a Vox, consultada por Europa Press, que no existe un incremento de incidentes y conflictos en los centros que atienden a estos menores extranjeros en Cantabria y ha asegurado que tampoco existe un clima de conflictividad en los mismos.

Desde el Gobierno se señala que, según los informes de accidentalidad proporcionados por la mutua de accidentes del año 2019, no ha habido «ni un solo trabajador» de los mismos que haya causado baja por incapacidad temporal por accidente en una unidad MENA «fruto de agresión o interacciones conflictivas con usuarios».

En cuanto a esta situación, en la Memoria de la Fiscalía de 2018, consultada por Europa Press, se señala que el aumento de MENAs en Cantabria ese año, había generado, a diferencia de lo ocurrido en otros años, «incidentes y conflictos tanto dentro de los centros con enfrentamientos y agresiones a los educadores» que llevaron a la adopción de medidas, «como frecuentes hechos delictivos entre los meses de agosto y noviembre» de ese ejercicio.

Según explica la Fiscalía, estos incidentes consistieron principalmente, en peleas en zonas de ocio con resultados lesivos en ocasiones graves, robos con violencia cometidos en grupo por estos menores tanto en Santander como en poblaciones próximas a la capital, robos con fuerza en casa habitada o daños, entre otros.

La Fiscalía advierte que, en ese ejercicio, se registró una «creciente llegada» de MENAs a Cantabria con respecto de años anteriores (de 2015 a 2017), en los que la tendencia «había sido claramente descendente».

La Fiscalía señala como posibles causas del «notable incremento» de este tipo de menores en la comunidad la «saturación» que se ha dado de los centros y recursos de provincias limítrofes como Vizcaya y Guipúzcoa que ha generado sobre todo en los meses de verano la llegada de marroquíes que procedían de centros del País Vasco, unido a un «efecto llamada» derivado, según señala, de la «mayor celeridad» que en Cantabria existe para regularizar la situación de los Menas una vez alcanzan la mayoría de edad.

También se añade, según la Fiscalía, la cobertura de centros que hay en Cantabria y que, según reconoce, permitió en 2018, «con un gran esfuerzo personal y económico», dar una «correcta atención a este colectivo».

Así, desde el Ministerio Fiscal se detalla que se ha pasado de tener en Cantabria tres centros en 2017 a los seis que había en diciembre de 2018, sumando uno más en enero de 2019.

La Fiscalía, en su Memoria de 2018, señala que hasta que se crearon estos nuevos centros de acogida, la llegada durante los meses de verano de una cantidad de menores «no asumible» con los recursos entonces disponibles hizo que, por parte de responsables de los centros de Menas e incluso por la subdirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICAASS) se consultara a la Fiscalía de Menores, a mediados de agosto de ese año, sobre la posibilidad de ubicar a un grupo de ellos «temporalemente» en el centro de reforma de Parayas.

A este planteamiento, se dio respuesta negativa y se indicó que únicamente se podría autorizar dicho ingreso en Parayas «en supuestos muy excepcionales, fundamentados en circunstancias individuales del menor en cuestión, de forma temporal y siempre dando cuenta a la Fiscalia de menores exponiendo las causas individualizadas del caso».

En la Memoria de la Fiscalía se explica que, pese a lo expuesto, en septiembre de 2018, desde el ICASS se informó del traslado al centro Parayas de diez MENAs «ante la sobreocupación» de plazas de centros de primera acogida de este colectivo.

Tras ello, el fiscal de Menores requirió la «inmediata reubicación» de los menores afectados en centros de protección, algo que el ICASS hizo días después, llevándolos al centro de Reocín.

Aunque la Fiscalía señala en su Memoria de 2018 que no se han repetido situaciones como la expuesta y que la dotación actual de centros y de personal «cubre las necesidades de Menas en este momento», ha advertido que «si la tendencia de llegada de Menas sigue siendoascendente, deberán adoptarse medidas a nivel estatal para afrontar esta situación».