Llegan a Kiev los policías y guardias civiles anunciados por Sánchez en abril y que investigarán crímenes rusos

Los primeros miembros de los Equipos Policiales de Apoyo (EPA), integrados por efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, han llegado este miércoles a Kiev para investigar la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata de un compromiso asumido hace seis meses por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

La llegada de los policías ha sido adelantada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que de viaje oficial a Ucrania ha reiterado la ayuda para la reconstrucción del país. El Ministerio del Interior ha añadido en nota de prensa que la avanzada española está formada por el jefe de la misión y los coordinadores: un comandante y un teniente de la Guardia Civil y dos inspectores jefes de Policía Nacional.

La delegación española ha mantenido ya una reunión preparatoria en Kiev con representantes de la Fiscalía ucraniana para fijar los términos de colaboración y precisar las zonas de despliegue de los dos equipos españoles.

IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

Estos equipos están integrados por entre seis y siete especialistas de Policía Nacional y de Guardia Civil cada uno. Ambos equipos trabajarán al lado de investigadores y fiscales ucranianos en la recogida de pruebas que podrán ser incorporadas en los procesos judiciales abiertos en Ucrania, y que servirán para identificar a las víctimas de posibles actuaciones contrarias al Derecho Internacional.

Estos EPA incluyen expertos forenses que realizarán exámenes de cadáveres y están capacitados para crear modelos completos en tres dimensiones de instalaciones bombardeadas. También investigarán sobre el terreno el tipo de material, armas y artefactos explosivos utilizados, así como las técnicas empleadas y, en su caso, recopilarán información de las personas o grupos responsables de los delitos graves objeto de investigación.

Los EPA responden a la petición de apoyo de la Corte Penal Internacional y su creación parte de una instrucción firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que constituye y establece la disponibilidad, operatividad y capacidades de apoyo y reacción de este equipo policial cuyo objetivo es la investigación de graves delitos en el marco del Derecho Internacional.

La instrucción del secretario de Estado puso el EPA a disposición de la Corte Penal Internacional, con competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, y que puede precisar de la colaboración y apoyo de las capacidades policiales de los Estados firmantes del Tratado de Roma para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones.

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