Lime defiende que las acusaciones del Ayuntamiento de Madrid sobre los patinetes «no reflejan la realidad»
Lime, empresa de patinetes y bicicletas eléctricas compartidas, ha defendido que las razones aportadas por el Ayuntamiento de Madrid para retirar su licencia en la capital antes del próximo mes de octubre «no reflejan la realidad».
La compañía asegura en un comunicado que solo el 98% de los viajes en patinetes realizados en Madrid en 2023 «concluyeron bien estacionados», al contar con una tecnología que permite aparcar solo en los espacios habilitados y sancionar a quien no lo hace con un sobrecoste de 10 euros.
También defiende que ningún accidente sufrido por usuarios de los vehículos de Lime supuso lesiones graves que necesitasen hospitalización, y resalta que, en Madrid, la mayoría de las incidencias (el 59,2%) se produjeron en calles sin infraestructuras para bicicletas y patinetes.
Según datos de la asociación Micro Mobility For Europe, las lesiones causadas por patinetes eléctricos que requerían tratamiento médico eran un 1,5% menores en comparación con las bicicletas eléctricas.
En cualquier caso, asegura que de los 1,69 millones de viajes que realizaron sus patinetes en España el año pasado, el 99,99% concluyeron sin accidentes, reduciéndose la accidentalidad en el caso concreto de Madrid en un 49% en 2023.
Lime argumenta que ha llevado a cabo procesos de diseño y modificación de sus vehículos, así como campañas de sensibilización sobre las normas de seguridad junto a entidades como la DGT, y que ha implementado sistemas de geolocalización a sus patinetes, lo que facilita la identificación de comportamientos inseguros y la implementación de medidas correctivas inmediatas, como la limitación de velocidad o la restricción de áreas de operación.
La compañía responde así a la decisión tomada por el Ayuntamiento la pasada semana, al considerar que Lime, junto con las otras dos empresas con licencia (Dott y Tier Mobility) no están cumpliendo las condiciones acordadas. Además, el consistorio señalaba que estas empresas han impedido la facultad de inspección del Ayuntamiento sin aportar la información requerida o el acceso a la interfaz de las operadoras.
