Las VTCs dicen que pasar su regulación a CC.AA afectaría a los derechos de sus trabajadores

Uber y Cabify ponen en el foco a sus conductores ante las medidas de Fomento escenificando un acuerdo de intenciones por el empleo con UGT

Las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC) consideran que el traspaso de su regulación a las comunidades autónomas, tal como ultima el Ministerio de Fomento, supondrá un «hándicap para los intereses de sus trabajadores y la defensa de sus derechos».

Así lo indican las empresas del sector en un acuerdo de intenciones por la «calidad del empleo» que han firmado con UGT este miércoles, en vísperas de que el Consejo de Ministros del próximo 28 de septiembre apruebe el Real Decreto con el que Fomento habilitará a las regiones que lo deseen para regular las VTCs de sus territorios.

Estas empresas, que desde un principio se han manifestado en contra de la medida al considerar que podría eliminar licencias o exigir una doble autorización para circular, han puesto así el foco en el impacto que la iniciativa tendría en sus trabajadores, que considera alcanzarán los 40.000 en 2019.

Para ello la patronal del sector Unauto, junto con dos de las mayores compañías del ramo, Cabify y Vectos, se han reivindicado como creadores de empleo al firmar el referido acuerdo en un acto público en la sede de Cabify en el que estuvieron rodeados de varias decenas de conductores de compañías de VTC.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la patronal del sector Unauto, Eduardo Martín, y los primeros ejecutivos de Cabify y Vector, Juan de Antonio y Rosauro Varo, además de por el secretario general de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros.

El texto del acuerdo, de poco más de dos páginas, no incluye medidas ni objetivos concretos algunos más allá del compromiso de todas las partes con «la mejora continua de las condiciones sociolaborales de los conductores» que prestan sus servicios.

No obstante, tras reivindicar al sector como generador de empleo y su apuesta por la «contratación socialmente responsable», alerta del impacto que en estos trabajadores puede tener las medidas que ultima el Gobierno.

«UGT y el sector VTC comparten la preocupación por la incertidumbre en que se encuentra y, más particularmente, por el impacto negativo que podría tener la atomización de sus competencias entre las diferentes comunidades autónomas y la ausencia de una política de Estado», indica el texto del acuerdo de intenciones.

«La heterogeneidad de criterios y políticas representaría, en este momento, un gran hándicap para los intereses y la defensa de los derechos de los trabajadores, yendo en contra de la unidad del mercado de trabajo y el establecimiento de unas relaciones laborales homogéneas», continúa.

El texto del acuerdo concluye con la «disposición y el compromiso» del sector a construir «mediante el diálogo y el consenso, un modelo sin asimetrías que refuerce el desarrollo del proyecto de movilidad de las VTC y salvaguarde e interés de sus trabajadores».

CONTRATO FIJO Y 1.100 EUROS AL MES.

Tras la firma, y al ser preguntado por los objetivos concretos que busca el acuerdo o por la eventual negociación de un convenio colectivo para el sector, el representante sindical se limitó a indicar que «se trata de una plataforma para empezar a trabajar y definir la mejor fórmula de conciliar los intereses de empresas y trabajadores».

El presidente de la patronal, de su lado, tachó de «falso mito» las informaciones que indican que el sector está formado por falsos autónomos y trabajadores precarios. Según aseguró, todos los conductores de VTC tienen «contratos indefinidos, están dados de alta en la seguridad social y cobran unos 1.100 euros al mes».

A pesar de ello, en el documento también se reconoce que «el sector de VTC puede ser aún un modelo de imperfecciones, abierto a la crítica y la mejora».