Las socimi alertan del impacto negativo de la crisis en la liquidez de este tipo de sociedades

Las socimi españolas han advertido de que el impacto de la crisis del coronavirus en las resoluciones de contratos, las ayudas a inquilinos o la caída en la demanda de alquiler, que han ocasionado un deterioro del valor de sus patrimonios, podría afectar en el futuro a la liquidez de estas sociedades.

Así lo ha asegurado el presidente de Asocimi, Javier Basagoiti, en una jornadas junto a Grant Thornton y Renta 4, en las que ha explicado que la reversión en ejercicios posteriores de esta menor valor contable podría chocar con la obligación de las socimi de repartir su beneficio en forma de dividendos.

En concreto, para revertir el efecto vinculado a la caída de la valoración de los activos tendrán que reconocer unos ingresos contables que, a su vez, contarán para el cálculo del dividendo que repartirán a sus accionistas.

«En la práctica, esta situación puede poner en apuros la liquidez de algunas socimi si se vieran obligadas a distribuir un dividendo derivado de la reversión de un deterioro que no ha generado entrada de caja», ha advertido.

Ante esta situación, los socios de Grant Thornton FernandoVírseda y David Calzada han apuntado que la solución debería pasar por aplicar un criterio, bien normativo o interpretativo, que ofrezca seguridad jurídica y estabilidad económica, para lo que es necesaria la consolidación de una posición común contrastada con la administración tributaria.

En este sentido, creen que había que aclarar que la reversión de los deterioros de activos no es susceptible de distribución de dividendo, que no tenga impacto en el beneficio computable de cara al dividendo o, incluso, que se restrinja la distribución en caso de arrastrar resultados negativos de ejercicios anteriores aún pendientes de compensar.

Por su parte, el director del departamento de Corporate Finance de Renta 4, Javier Díez, ha añadido que algunas compañías se han encontrado con dificultades durante esta crisis para atender los pagos asociados a los contratos de arrendamiento de sus activos, y que, en algunos casos, esta situación ha derivado en incrementos de morosidad, mayor desocupación, renegociación de contratos o aplazamientos de rentas.