Las ONG llaman a poner a los civiles en el centro de la respuesta frente a la inseguridad en el Sahel

Defienden que una respuesta exclusivamente militar no frenará la grave crisis humanitaria que atraviesan Burkina Faso, Malí y Níger

La protección de los civiles debería estar en el corazón de la respuesta de los países del Sahel a la creciente inseguridad en sus territorios, han reclamado este miércoles un grupo de ONG que trabajan en la región, advirtiendo del «coste humano» que el enfoque centrado en la seguridad para combatir el terrorismo.

En un mensaje a los líderes de la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), quienes se reunirán este sábado en una cumbre extraordinaria para abordar la lucha contra el terrorismo, las seis ONG firmantes han defendido que «los civiles son las primeras víctimas de los conflictos en el Sahel» una región ya sumida en «una crisis humanitaria sin precedentes.

En este sentido, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), entre otras organizaciones, han resaltado que en el último año el número de desplazados en la región fronteriza entre Níger, Burkina Faso y Malí se ha multiplicado por cinco, incidiendo en que, «pese a las varias medidas de seguridad puestas en marcha por los países de la región, la situación sigue deteriorándose», lo que conlleva un aumento de las necesidades humanitarias. Unos 13 millones de personas necesitan asistencia humanitaria este año en la región.

La situación en Burkina Faso «es cada vez más preocupante», ha reconocido el director de Oxfam en el país, Omer Kaboré, después de que el número de desplazados haya pasado de 60.000 a principios de año a más de 271.000 a finales de agosto.

«Las proyecciones sugieren ahora que más de 300.000 personas estarán desplazadas para finales de año», ha añadido, subrayando que «los actores humanitarios están superados por la magnitud y el rápido deterioro de la crisis».

En el caso de Malí, las ONG firmantes han llamado la atención sobre la existencia de 310.000 refugiados o desplazados y de que al inicio del año escolar hay 920 escuelas que no están operativas en las regiones más afectadas por la crisis, lo que podría privar a miles de niños de su educación.

«Aunque la inseguridad generalizada también se está traduciendo en un aumento de los conflictos intercomunitarios, el actual enfoque de seguridad no detendrá la crisis a largo plazo», han defendido las ONG, entre las que también figuran CARE y COOPI. «Es esencial implicar a las comunidades en la búsqueda de soluciones a los varios conflictos, dando espacio igual a hombres, mujeres y jóvenes, al tiempo que se respetan sus derechos», han añadido.

HACEN FALTA RESPUESTAS POLÍTICAS

Por ello, han pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO que «encuentren soluciones políticas para responder a las demandas y necesidades de las comunidades, particularmente en lo que respecta a la mejora de la gobernanza, la justicia de género y la reducción de la desigualdad».

Además, «la ayuda no debe usarse para fines de seguridad sino permitir que las poblaciones vulnerables salgan de la pobreza y vivan de forma digna», ha destacado el presidente de la Red de Organizaciones de Agricultores y Productores de África Occidental (ROPPA), Ibrahima Coulibaly.

Así las cosas, las ONG han pedido que se dé prioridad a las necesidades de las comunidades mediante un enfoque de seguridad humano en el que se tengan en cuenta no solo las amenazas de seguridad percibidas por los estados sino también las amenazas identificadas por las propias comunidades, mediante un proceso participativo e inclusivo. Esto pasa, han añadido, por permitir la libertad de expresión y la protección de la participación de la sociedad civil y las comunidades.

Por último, ante el continuado deterioro de la situación humanitaria en el Sahel, han defendido que es «imperativo que los jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, así como los donantes y la comunidad internacional sigan invirtiendo para atender las necesidades de la población y hagan prioritaria la protección de los civiles».

«La lucha contra el terrorismo no debería deteriorar la situación humanitaria y de protección para los miles de civiles ya afectados por la inseguridad», han zanjado las seis organizaciones firmantes del mensaje a la CEDEAO.

Burkina Faso, Malí y Níger han experimentando un aumento considerable de la actividad de los grupos yihadistas en los últimos meses. En estos países están presentes tanto la filial de Al Qaeda –el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM)– como de la organización que lidera Abú Bakr al Baghdadi –Al Qaeda en el Gran Sáhara–, así como otras organizaciones islamistas autóctonas.

Unido a esto, y alentado en buena medida por los yihadistas y también por la respuesta de las autoridades, se ha producido un recrudecimiento de la violencia intercomunitaria, que enfrenta a pastores –esencialmente fulani– con agricultores de otras etnias, lo cual ha dejado cientos de muertos, principalmente en Malí.