Las Mesas de Movilidad cifran en 100.000 los cántabros perjudicados por la retirada de descuentos y piden que continúen

Piden al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamiento con transporte municipal que «compensen» lo que deja de aportar el Estado

Las Mesas de Movilidad del Arco de la Bahía y del Besaya han estimado en 100.000 los cántabros perjudicados por la retirada de los descuentos al transporte –casi una sexta parte de la población– y han exigido que se mantengan.

Además, han destacado la «singularidad» del pacto firmado por Asturias, Cantabria y el Estado para la gratuidad de las Cercanías.

Así se han pronunciado las Mesas de Movilidad después de que el Congreso de los Diputados rechazara el miércoles el decreto ómnibus del Gobierno, que, entre otras medidas, incluía estos descuentos del Estado en trenes de Cercanías, autobuses interurbanos y urbanos y que ahora se retiran.

Según han advertido, la medida supone de facto la retirada del 100% de la bonificación en Cercanías y del 30% en autobuses interurbanos y municipales, lo cual generará «un agujero negro» en la economía de las familias que necesitan del transporte todos los días.

Como ejemplo, han señalado que un abono Reinosa-Santander supondrá a partir de ahora desembolsar 103,05 euros mensuales por usuario (1.236,6 anuales) o 64,75 euros al mes (777 anuales) en el caso del trayecto Santander-Torrelavega.

Han subrayado que el «perfil mayoritario» del usuario del transporte público en Cantabria son personas mayores, estudiantes y trabajadores precarios (mayoritariamente mujeres) que la mayoría de ellas no disponen de vehículo o no pueden conducir y que son de clase media y baja.

Por todo ello, desde las Mesas de Movilidad de Cantabria han reclamado que se mantengan los descuentos, «si fuera posible» a través de un nuevo decreto-ley segregado del anterior que aprobase el Consejo de Ministros y que requeriría de posterior validación en el Congreso.

Mientras se lleva a cabo esta tramitación, han pedido al Gobierno de Cantabria (PP) que «compense con su presupuesto las cantidades que deja de aportar el Estado, al igual que van a hacer las comunidades de Madrid, País Vasco o Asturias.

También han solicitado a los ayuntamientos de Cantabria que cuentan con servicio de transporte público municipal que compensen al viajero el 30 por ciento que va a dejar de aportar el Estado.

Han avisado que, de no hacerlo, el transporte público de Cantabria «perderá atractivo para los usuarios, que echarán cuentas y optarán, en muchos casos por el vehículo privado, contribuyendo así a congestionar las carreteras e incrementar la contaminación».