Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinieron en 2020 más de 1,5 millones de falsificaciones por valor de 71 millones
La Rioja, Cataluña y Andalucía lideran la lista de incautaciones y el sector textil, con más de 23 millones, es el más rentable
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requisaron durante 2020 en España 1.536.228 productos falsificados, que en el mercado habrían alcanzado un valor de más de 71 millones de euros. Asimismo, llevaron a cabo 792 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 710 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Los datos están incluidos en el Balance anual de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones publicado este jueves por el Ministerio del Interior, y que recoge operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d Esquadra y policías locales.
De los 71 millones de euros de coste aproximado del material decomisado, 23,1 corresponden a productos del sector textil; 12,6, a marroquinería y complementos; 11,9, a calzado; y 1,1 a bebidas y comestibles.
Así, y en cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes con un 48,3%, seguido de establecimientos comerciales con un 24,7% y recintos aduaneros, puertos y aeropuertos que con un 11,4% del total.
En cuanto a la localización y la distribución del material, el estudio revela que las comunidades autónomas donde se han incautado mayor número de falsificaciones son La Rioja, Cataluña y Andalucía.
DESCENSO DE CRIMINALIDAD DURANTE LA CRISIS SANITARIA
En este contexto, Interior ha indicado que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y las medidas adoptadas por las administraciones para hacer frente a esta situación provocó un descenso en las cifras de criminalidad que se ha visto reflejado en la disminución de infracciones penales relacionadas con la vulneración de los derechos de propiedad industrial.
En este sentido, las infracciones de los derechos de propiedad industrial contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo directos, según el Ministerio, al repercutir en el descenso de ventas. Asimismo, Interior ha alertado de que las falsificaciones producen efectos no deseados en ámbitos como el social o la seguridad y la salud de los consumidores, puesto que estos productos se elaboran sin los controles e inspecciones oportunas que garanticen su comercialización y uso posterior.
Por su parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), — un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo–, ha destacado la importancia de conocer estos datos para ayudar a la sensibilización del consumidor español sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados.
