Las Fuerzas Armadas cuentan en sus polvorines con más de 100.000 minas explosivas declaradas no útiles

Defensa ha iniciado recientemente los expedientes de baja, con un presupuesto anual de 350.000 euros

Las Fuerzas Armadas tienen depositadas en sus almacenes más de 100.000 minas explosivas declaradas no útiles y cuyos expedientes de baja «se han iniciado recientemente», contando para ello con un presupuesto anual de 350.000 euros.

Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno formulada por Vox, que recuerda que estas minas fueron las responsables del accidente acaecido en Hoyo de Manzanares en el año 2011, en el que murieron cinco militares y otros dos resultados heridos graves.

Según denuncia el teniente José Manuel Candón, uno de los heridos, el accidente tuvo lugar durante unas maniobras debido a la utilización de unas minas declaradas no útiles, las mismas que ahora Defensa reconoce almacenar aún un total de 101.401 en sus polvorines.

Dado el tiempo pasado desde el accidente, el Ministerio asegura que no puede aportar «la trazabilidad» del proceso que en su momento se adoptó para llegar a una decisión «de la excepcionalidad» como la de utilizar ese tipo de ese minas en el ejercicio.

Eso sí, reconoce que «recientemente» ha iniciado los expedientes de baja de las más de 100.000 minas en el mismo estado que aún se conservan en los almacenes militares. Para este proceso, el Mando de Apoyo Logístico (MALE) cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros.

LENTITUD DE LA JUSTICIA MILITAR

El teniente Candón lleva nueve años denunciando falta de respuesta de la justicia militar y «maltrato» por parte de los sucesivos ministros de Defensa; mientras que Vox pregunta al Gobierno por qué se denegó a los afectados la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración y también pone en cuestión la lentitud de la actuación judicial.

En este sentido, Defensa recuerda que fue el exministro Pedro Morenés quien desestimó la responsabilidad patrimonial. El teniente Candón recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional, que en 2017 desestimó su petición.

En cuanto a la actuación de la justicia militar, el Ministerio subraya que «no corresponde al Gobierno interferir en el trabajo de los tribunales, que ejercen su función jurisdiccional de manera independiente».

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