Las dudas sobre legalidad del escaneo de chats frena negociación a 27 de la ley contra abuso sexual infantil online

BRUSELAS, 12

Los ministros de Interior de la Unión Europea han fracasado este jueves en un nuevo intento por fijar su posición negociadora sobre una reforma con al que reforzar la lucha contra el abuso sexual de menores en Internet, tras constatar que una decena de países, entre ellos Alemania, Países Bajos y Polonia, mantienen serias dudas sobre la legalidad de una de las medidas clave que prevé el escaneo sistemático de todas las comunicaciones privadas en plataformas como WhatsApp o Skype.

La presidencia de turno –que este semestre que acaba ha ejercido Hungría– ha podido constatar en el debate a 27 que «es necesario más trabajo» para resolver las diferencias entre gobiernos, un paso necesario antes de que se puedan iniciar las negociaciones formales de la norma con el otro colegislador europeo, el Parlamento Europeo.

«No tenemos acuerdo sobre una orientación general del Consejo», ha indicado el ministro húngaro de Interior, Sándor Pinté, tras escuchar las intervenciones de los titulares de Interior de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Polonia, República Checa, Finlandia, Eslovenia y Estonia.

En este debate sólo han tomado la palabra aquellas delegaciones con problemas para apoyar la posición común sobre la mesa y lo han hecho para avisar de que se abstendrían si se producía una votación formal porque creen que ese control exhaustivo de los chats choca con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el derecho a la privacidad de los usuarios de las plataformas.

El debate lo abrió el nuevo comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien ha defendido que la nueva norma es «clave» para la prevención de los abusos de menores online, al tiempo que ha avisado de que a menudo los menores tienen miedo de denunciar estas situaciones o son demasiado jóvenes para darse cuenta de que están sufriendo abuso.

«La única manera para estos menores de ser rescatados de un abuso en curso es si existe una detección proactiva de las imágenes o vídeos que los delincuentes intercambian, a menudo a través de conversaciones privadas», ha narrado el comisario, quien ha subrayado que este tipo de alertas son fundamentales para poder actuar contra abusos online.

A su llegada a la reunión, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantaba el apoyo de España a la reforma a pesar de que era consciente de que iba a ser «difícil» que saliera adelante la posición de los 27 este jueves. «Creo que es obligación para todos nosotros tener los medios necesarios para luchar contra un delito, una lacra, que a todos nos duele de una forma importante», ha razonado.

Finalmente, el texto de compromiso no ha salido adelante y queda ahora en manos de la próxima presidencia de turno, que asumirá Polonia en enero, valorar la situación y decidir si busca de inmediato el acuerdo que permita activar las negociaciones con la Eurocámara o deja el expediente en suspenso por las diferencias.

En todo caso, los países más reticentes han querido dejar claro que apoyan el objetivo de la norma para proteger mejor a los menores de los predadores sexuales en Internet, pero avisan de que si no se garantizan los derechos de protección de datos y privacidad de los usuarios el nuevo marco podría decaer en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Estos controles van en contra de los Derechos Fundamental, intervenir en conversaciones privadas, encriptadas, creemos que es el camino equivocado», ha dicho Alemania, quien ha asegurado que daría «luz verde de inmediato» si se corrigiera ese punto y el que permite el escaneado en tiempo real porque «pone bajo sospecha» a todos los usuarios.

Eslovenia, por su parte, ha considerado que estas disposiciones supondrían una «interferencia desproporcionada» en el derecho a la privacidad de las comunicaciones; mientras que la delegación de Luxemburgo ha avisado de que los propios servicios jurídicos del Consejo ven «riesgo en la vigilancia indiferenciada» de las comunicaciones de todos los usuarios de un servicio.

La propuesta inicial de Bruselas propone obligar a las plataformas online a alertar a las autoridades sobre los abusos sexuales de menores que se cometan en sus redes de sociales, así como la creación de un centro europeo para apoyar a las autoridades encargadas de tramitar denuncias de abusos sexuales de menores y de recopilar y compartir conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención y apoyo a las víctimas.