Las Cortes votan mañana propuestas para un mailing electoral conjunto y para una fiscalización de los microcréditos

El Tribunal de Cuentas viene reclamando una nueva regulación sobre esta forma de financiación y prepara sus propias propuestas

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se pronunciará este martes sobre las propuestas planteadas por los partidos para reducir gastos electorales, entre ellas el envío conjunto de la propaganda electoral, así como sobre la necesidad de realizar una fiscalización exhaustiva de los microcréditos que Unidas Podemos y otras formaciones políticas utilizan para financiar sus campañas.

Estas son algunas de las ideas recogidas por los grupos parlamentarios en las propuestas de resolución que han presentado a los informes del Tribunal de Cuentas relativos a las elecciones locales de mayo de 2019 y las generales de noviembre del mismo año, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

El Tribunal de Cuentas viene avisando desde 2001 que «sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral de forma generalizada, tal y como se realizan en la actualidad».

En sus informes, recuerda que está garantizada la disponibilidad de sobres y papeletas en las mesas electorales, por lo que sería aconsejable «diseñar e implantar un nuevo procedimiento» de mailing , «más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca las necesarias garantías en suejecución y que permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación».

En sus resoluciones, PP y Vox hacen suyas estas recomendaciones y, además, los de Santiago Abascal recogen la idea del fiscalizador de pedir a Correos que implante un registro telemático de las formaciones políticas, con su NIF y con el aval del Ministerio del Interior y del Tribunal, para al menos facilitar el control del envío directo y personal de sobres, papeletas y propaganda electoral.

Pero Ciudadanos y el BNG dan un paso más y apuntan a un mailing conjunto. Así, el partido naranja reclama reformas para centralizarla distribución de papeletas y publicidad electoral en un único envío conjunto de todas las formaciones políticas que concurran a las mismas, con el fin de «ahorrar dinero a los contribuyentes y evitar gasto público superfluo».

Y los nacionalistas gallegos abogan a su vez por «un envío único, centralizado de papeletas y sobres de votación, de todas las formaciones que se presenten en un proceso electoral con el fin de garantizar la igualdad y el ahorro de dinero de los recursos públicos».

EL BNG RECLAMA LA SUBVENCIÓN

El BNG añade además otra resolución exigiendo al Tribunal de Cuentas que dé vía libre al abono de la subvención por mailing a los partidos pequeños que hayan constituido grupo parlamentario en el Congreso o en Senado de conformidad con los previsto en los reglamentos de la cámaras.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ya trasladó su queja a la presidenta del fiscalizador, María José De la Fuente, en su última comparecencia parlamentaria, cuando denunció que su partido y otras formaciones nacionalistas como Coalición Canaria, Junts y Compromís no han recibido subvención pese a haber formado grupo parlamentario en el Congreso y acusó a la institución cambiar el criterio.

Pero la presidenta del Tribunal le replicó que no se ha cambiado de opinión, sino que viene aplicando este principio al menos desde 2015. Según recordó, la ley establece que sólo se abonará la subvención a quien tenga «el número de votos suficiente para formar grupo parlamentario en el Congreso», y eso no incluye a quienes, como el BNG, no alcanza ese mínimo, aunque hayan podido constituir grupo uniéndose a otros partidos, conforme al Reglamento.

Por otra parte, el PP defenderá una propuesta para instar al tribunal a fiscalizar los sistemas de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva (crowdfunding) y de microcréditos, «mediante la verificación, de forma exhaustiva y continuada, del origen de los recursos, su cumplimiento y el reintegro efectivo de las cantidades», de manera que refleje «detalladamente» en sus informes toda la información sobre estos métodos de financiación que utilizan.

CUANTÍA MÁXIMA POR PRESTAMISTA

También en esto los populares y los de Santiago Abascal reproducen en sus iniciativas las recomendaciones del tribunal y apuestan por emplazar al Gobierno a regular los microcréditos, de modo que, al menos, se establezca una cuantía máxima por prestamista «que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas».

Asimismo, defienden que en esa reforma de la Ley de Financiación de Partidos se establezca que los microcréditos se ingresen en las cuentas abiertas para las elecciones, y no en las ordinarias, y que éstos tengan que ser devueltos en un año natural desde los comicios.

Vox añade, haciéndose eco también de las recomendaciones del tribunal, que la nueva regulación deje claro que la renuncia a la devolución por parte del prestamista debe hacerse constar «por escrito» y ser «considerada una donación a todos los efectos».

QUE NO SUPEREN LOS 10.000 EUROS

En su última comparecencia ante la comisión mixta, la presidenta del Tribunal de Cuentas avanzó que en las próximas semanas el tribunal aprobará una «moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», en la que se hablará de los microcréditos.

Según recordó la presidenta, los microcréditos son una fórmula nueva de financiación de los partidos que no está regulada, pues no es una donación, ya que la aportación hay que reintegrarla, y tampoco es un crédito bancario, por lo que es inaplicable la normativa del sector financiero.

De momento, el Tribunal se ocupa de asegurar que estos microcréditos no exceden del tope de 10.000 euros establecido para las donaciones particulares y, más adelante, en el informe anual de cada partido, comprueba si efectivamente ese dinero fue devuelto al ciudadano.