Las Cortes Valencianas aprueban la ley que prohíbe la comunicación publicitaria institucional partidista

Como novedad, impide la contratación con medios que tengan anuncios de comercio sexual o de fomento de la prostitución

VALENCIA, 9

El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles con el respaldo de todos los grupos menos el PP la Ley de Publicidad Institucional que prohíbe el uso de la comunicación publicitaria institucional al servicio de intereses personales o partidistas, así como los actos públicos de entrega de llaves por cargos electos o altos cargos del Gobierno u obligar a la ciudadanía a asistir a actos públicos para ser beneficiarios de cualquier bien financiado con dinero público, contratos, nombramientos, subvenciones o becas.

La iniciativa fue presentada por Compromís en septiembre de 2015 y comenzó su andadura parlamentaria en noviembre de ese mismo año, aunque no ha sido hasta marzo de 2018 cuando se debatieron las enmiendas de los grupos en comisión y ahora el Pleno ha dado luz verde definitiva al texto.

Su objetivo es garantizar que la publicidad institucional se utilice «exclusivamente en beneficio de la ciudadanía» y define cuáles son las actuaciones que se enmarcan en ese propósito, como informar de derechos y deberes, valores y conductas democráticas, prevención de riesgos o difundir los procesos electorales y el ejercicio del voto.

Asimismo, obliga a que esas campañas sean claramente identificables, se desmarque en el fondo y en la forma de las de los partidos políticos y no pueda inducir a dudas por ambigüedad. El texto prohíbe, por ejemplo, los actos públicos de entrega de llaves, la organización de cualquier acto de inauguración de obra acabada o servicio por parte de cargos financiados con dinero público, la instalación de placas conmemorativas y primeras piedras o la publicidad subliminal.

Sobre la distribución de la publicidad, especifica que se ajustará a criterios objetivos de audiencia e implantación territorial, no se podrán abonar «precios abusivos» y la contratación nunca podrá realizarse de manera directa, del mismo modo que prohíbe la discriminación de medios de comunicación por su línea editorial. También prohíbe, como novedad, la contratación con medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o de fomento de la prostitución.

En el caso de las obras, se podrán instalar vallas informativas, pero una vez finalizada (o si se paraliza) serán inmediatamente retiradas. En periodo electoral no podrá llevarse a cabo publicidad institucional, desde que se hace pública la convocatoria hasta el día de las elecciones.

Isaura Navarro (Compromís) ha destacado que el principio que se persigue es que «el dinero público se destine al interés público» y ha resaltado que en política a veces se abandona el sentido común y «pasan cosas muy extrañas», mostrando fotos de inauguraciones de rotondas «con más políticos de los que caben» o del expresidente Francisco Camps junto a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá inaugurando una tienda de deporte.

Por ello, se establecen 16 prohibiciones «especificando una por una qué cosas no se pueden hacer con el dinero de todos» para evitar que se emplee el «autobombo».

El diputado de Podemos Antonio Montiel ha coincidido en el fin de esta norma para poner «fin a la hipocresía reinante» en legislaturas anteriores cuando las campañas se utilizaban «para favorecer medios afines y presionar a otros con línea más crítica», pero ha defendido, como recogía inicialmente el texto, la necesidad de un Consejo de Control de la Publicidad Institucional para garantizar el cumplimiento de la misma.

Ha mostrado su «sorpresa y estupor» por haber tardado 30 meses en votar esta ley «haciendo desaparecer elementos esenciales» en el proceso, como las sanciones y el órgano de control: «Nos parece muy mala práctica que una ley necesaria acabe enturbiada por este tipo de pactos de salón». Asimismo, ha criticado a quienes renuncian ahora a «un órgano clave que defendían cuando estaban en la oposición».

La diputada de Compromís le ha recordado que están en las Cortes para negociar, dado que ambos no suman una mayoría suficiente y se ha encontrado un mecanismo alternativo que sustituye las garantías de este órgano: «Es una buena ley, necesaria y muy garantista».

Desde el PSPV, Ana Barceló ha celebrado el consenso conseguido y ha criticado que en el pasado determinados actos de inauguración, entrega de llaves o colocación de primeras piedras se han usado como propaganda, con «solares llenos de vallas».

Sobre el órgano de control, ha explicado a Montiel que sería un consejo «virtual» y nada pragmático porque no tendría recursos humanos ni económicos para dar respuesta a las funciones que se le atribuyen.

PP: ES «LA SEGUNDA PARTE DE CRESPO GOMAR»

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha subrayado que es la primera vez en Cortes que una proposición tarda dos años y medio en debatirse, pero ahora se va a «reeditar la segunda parte de Crespo Gomar, de esto se trata, no se trata de nada más, esa publicidad que a veces provoca malas praxis contables o donaciones irregulares».

Así, ha criticado que PSPV y Compromís «vienen a contar un cuento revestido de ley» cuando «no hay ni órgano de control ni sanciones» y han encontrado «el socio útil de Cs, que es el celofán para la envoltura de Crespo Gomar». «De la publicidad vinieron y se quieren seguir manteniendo», ha dicho, para agregar que «son doctores en el mundo de la publicidad, pueden escribir libros de cómo se puede caminar sin controles y sin sanciones».

Ana Barceló le ha afeado que hable en estos términos cuando el PP «tenía adicción a la corrupción» y podría estar «toda la mañana» recordando a Rafael Blasco, Milagrosa Martínez o Carlos Fabra, recordando que el TC condenó al Ayuntamiento de Castellón con Alberto Fabra al frente «por nunca utilizaron datos objetivos a la hora de repartir la publicidad institucional».

El popular ha insistido en sus críticas: «Están hartos de morder en publicidad, pueden escribir libros de cómo pegar mordidas, lo único que quieren es seguir mordiendo porque es lo que han hecho desde el primer día».

Por su parte, el diputado regional de Ciudadanos Juan Córdoba ha explicado que la comunicación institucional ha sido «un comodín utilizado por los partidos en el gobierno frente a sus adversarios» y la ley que estaba vigente desde el 2003 «no ha conseguido separar la publicidad institucional de la propaganda partidista. Esta norma, ha dicho, era «necesaria» y «mejora» la anterior.