Las Cortes encargan al Tribunal de Cuentas examinar las medidas del Gobierno para cumplir el déficit en 2018
MADRID, 7
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves encargar a este órgano fiscalizador la realización de un informe sobre el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y de las medidas adoptadas para ello.
Esta auditoría, solicitada por el PP, ha salido adelante con los votos de PP y Ciudadanos, que suman mayoría en esta comisión de diputados y senadores, mientras que PSOE y PNV han votado en contra y Unidos Podemos ha optado por abstenerse.
La fiscalización, que abarca el ejercicio 2018, analizará el cumplimiento por parte del sector público estatal, pero incluyendo los fondos de la Seguridad Social, autonómicos incluidos, y las medidas adoptadas «para evitar el retraso en el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública».
En su defensa de la fiscalización, el senador popular Francisco Javier Fernández ha destacado el papel «fundamental» que ha tenido en la recuperación económica «el rigor de todas las administraciones» en cumplir con esta ley, por lo que cree necesario «perseverar en esta línea». «No podemos permitirnos el lujo de relajarnos en esta materia ni incurrir en errores pasados», ha defendido.
PSOE Y PNV RECUERDAN QUE AIREF YA SE ENCARGA DE ELLO
Sin embargo, tanto PSOE como PNV han cuestionado que se encargue al Tribunal de Cuentas esta cuestión, ya fiscalizada por el organismo específicamente creado para ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El senador del PSOE Jesús Manuel Alonso ha señalado que, al ser una actuación que ya comprueba también Eurostat, sería una fiscalización «redundante e innecesaria», pero que además cree «aconsejable» ampliar el ámbito de fiscalización a más ejercicios, ya que habría decisiones o actuaciones pasadas que condicionarían el cumplimiento o no de los objetivos del pasado año.
María Dolores Etxano, senadora del PNV, ha recordado que la AIReF se creó «expresamente» para comprobar este cumplimiento, y ha afeado que, en caso de haber querido que fuese el Tribunal de Cuentas quien lo fiscalizara, algo que apuntó el propio Consejo de Estado, tendría que haberse regulado así tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, tal y como se hizo en Francia, cuya institución homóloga habilitó un órgano específico para ello. «Ahora sorprende que lo pidan aquellos que no lo quisieron», ha dicho.
Por último, el senador de Unidos Podemos Ferran Martínez Ruiz ha ironizado con las ilusiones de su colega popular sobre el «rigor» de las administraciones, ya que considera que su cumplimiento «ha sido una auténtica chapuza» al haberse aplicado «con enormes dosis de arbitrariedad» y «sin atender a ningún criterio económico y social», lo que ha llevado a su incumplimiento, también por gobiernos del PP.