Las constructoras defienden que las nuevas exigencias laborales y medioambientales aumentan un 50% sus gastos
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha calculado que las nuevas exigencias laborales y medioambientales han disparado en torno al 50% los gastos generales para las constructoras durante los últimos 20 años.
Por ello, la patronal ha propuesto elevar del 13% al 17% el porcentaje de gastos generales que las empresas pueden repercutir a las administraciones sobre el presupuesto de ejecución para evitar un frenazo de la contratación pública, según lo ha defendido en una rueda de prensa.
«Las constructoras llevan años soportando incrementos de gastos, tanto directos e indirectos como generales, sin recibir ninguna compensación. El Gobierno puede fácilmente, sin necesidad de modificación normativa, elevar al 17% los gastos que pueden repercutir las empresas a todos los órganos de contratación, lo que no terminaría de solucionar los problemas, pero al menos aliviaría la situación», ha señalado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.
La patronal asegura que algunas obligaciones en materia laboral –como la implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias-, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos del incremento del salario mínimo, hacen que el actual porcentaje resulte «insuficiente».
Además, esta subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociados a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos.
En este sentido, advierte de que seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas constructoras no podrían acudir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial.
En concreto, propone modificar el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.
Las empresas contratistas ya han adoptado medidas de optimización de costes y mejoras tecnológicas que aumentan su productividad y eficiencia, pero consideran que esto no compensa el incremento de los gastos, por lo que advierten de que «erosiona su competitividad, lastra el acceso al mercado de la contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya de por sí mala situación que atraviesa la contratación pública en España».
