Las autoridades kazajas investigan 16 casos por asesinatos y torturas de las fuerzas de seguridad
La Fiscalía General de Kazajistán está investigando ahora mismo 16 casos de asesinatos, torturas y violaciones de los Derechos Humanos cometidos presuntamente por las fuerzas de seguridad durante las protestas de principios de mes contra el Gobierno, según ha confirmado el jefe adjunto del organismo judicial, Yeldos Kilymzhanov.
«También estamos investigando casos de asesinato, tortura y abuso de poder contra los detenidos. En total, se han iniciado 16 casos penales de este tipo en toda la república», ha declarado durante la sesión informativa del Servicio de Comunicaciones realizada este sábado y recogida por el diario Vlast .
La situación en el país se desestabilizó el 2 de enero con el estallido de protestas que dejaron disturbios en las principales ciudades del país. Más de 200 personas han muerto y miles han sido detenidas en un intento de sofocar las protestas.
La Fiscalía ha recibido hasta el momento 91 denuncias por torturas y violaciones de los derechos de los ciudadanos a manos de la Policía. Una veintena han sido descartadas y todavía hay una investigación preliminar sobre otras 56, ha indicado Kilymzhanov.
Entre los casos investigados se encuentra la detención ilegal de 24 residentes de la ciudad de Almaty, uno de los epicentros de las protestas, que han sido ya puestos en libertad.
En lo que se refiere a los delitos de los manifestantes, las autoridades kazajas han abierto 45 casos por delito de terrorismo, 36 por disturbios y otros 15 por asesinato. Estos casos afectan a 464 personas que siguen arrestadas por la comisión de actos terroristas y disturbios, otras 60 por tenencia ilegal de armas, 39 por hurto de armas, 25 por vandalismo y 21 por robo.
El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev, aceptó la dimisión del Gobierno, asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado y pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) «para eliminar la amenaza terrorista». La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero, si bien todas las tropas han abandonado ya el país.
