Las asociaciones empresariales del juego y UGT firman un acuerdo estatal para la protección del sector

Las principales asociaciones empresariales de la industria del juego privado se han reunido con la Unión General de Trabajadores (UGT) para firmar un acuerdo estatal para la protección del empleo en este sector, según ha informado el sindicato.

Por parte del sector del juego han asistido a la firma la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar), la Confederación Española de organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ), el Consejo Empresarial del Juego, Cejuego y la Federación Española de Juegos de Bingo y Azar, FEJBA .

El presidente de Anesar, José Vall Royuela, el presidente de la CEJ, Fernando Henar, el director general de CeJuego, Alejandro Landaluce y el secretario técnico de FEJBA, Jesús Serrano Escudero han sido los encargados de representar a las distintas asociaciones presentes en la firma del acuerdo.

Por parte de UGT, sindicato mayoritario en el sector de juego, la representación ha venido de la mano del secretario estatal de Juego de UGT, Miguel Ángel Rodríguez y del secretario sectorial federal de Hostelería y Turismo en UGT, Omar Rodríguez Cabrera.

En el acuerdo firmado, ambas partes han manifestado su compromiso de colaborar para proteger y asegurar que la el juego, siga siendo una oferta de ocio seguro, responsable y sostenible, a la vez que proporciona empleo estable a miles de familias.

Este sector ha sufrido fuertes restricciones sanitarias durante el último año, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid19, que han afectado a la viabilidad de muchas de las empresas que lo conforman y ocasionado la pérdida de numeroso empleo, tanto de medianas y pequeñas empresas como de autónomos. Una situación que puede terminar obligando a cerrar muchos establecimientos, algo que genera gran preocupación en el sector y entre sus trabajadores.

Las principales asociaciones y el sindicato están de acuerdo en las medidas normativas basadas en la promoción de buenas prácticas del juego, pero se muestran preocupadas por las decisiones que se están abordando y que afectan de forma directa a la sostenibilidad de la actividad y sus puestos de trabajo, e incluso, han afirmado, «criminalizan a sus miles de profesionales».

El juego es una actividad de ocio altamente regulada, prestada tanto por el sector privado como por el público. En todo el territorio nacional, la industria da empleo a 260.000 personas, siendo 85.000 los empleos directos y 175.000 los indirectos, si se tiene en cuenta los servicios públicos de juegos de azar y la ONCE.

De ellos, casi 50.000 están vinculados a la hostelería. El negocio del juego supone un 0,38% del PIB en España, 326 millones de euros en cotizaciones sociales, y genera unos impuestos de 1.789, en base a las cifras del último año.

El documento firmado recoge que las intenciones de algunas administraciones públicas de limitar el funcionamiento de establecimientos ya abiertos supondrían la pérdida de miles de puestos de trabajo en un momento como el actual, de grave crisis económica, que está golpeando con especial dureza a las personas que trabajan vinculadas al ocio y la hostelería.

En palabras del director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, «no podemos admitir nuevas normativas que contemplen la idea de cerrar establecimientos en funcionamiento y que cumplen con la legalidad vigente, no solo por el fuerte daño que representaría en materia de empleo, directo e indirecto, sino también porque sería aceptar un hito sin precedente alguno en nuestra democracia que va en contra de nuestros principios constitucionales. Necesitamos defender nuestro sector y asegurar a todas las familias que trabajan en él una estabilidad laboral».

Para el responsable de Hostelería y Turismo de UGT, Omar Rodríguez, «la regulación del sector permite conciliar los intereses de todas las partes, con especial atención a aquellos colectivos sociales más vulnerables». Rodríguez ha señalado que proteger el empleo es «una prioridad fundamental de este acuerdo y es absolutamente compatible con el resto de marcos regulatorios y sociales».

Todos los firmantes se han mostrado de acuerdo en establecer cualquier medidas efectivas destinada a proteger a los colectivos más vulnerables, como son menores y personas que pudieran presentar un desorden con la actividad, entendiendo que la solución pasa por medidas que afecten de forma homogénea a la oferta de juego pública y privada, y que atiendan a la realidad de la industria.

El acuerdo firmado solicita a los responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómico, «el máximo respeto a la labor que realizan los miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de este sector, que cumplen su función con los máximos valores éticos y profesionales».

El texto también solicita que se incluya al sector del juego dentro de los planes de ayudas de las administraciones públicas destinados a paliar los efectos del Covid19, y que cualquier medida que tenga impacto en el empleo se establezca tras el consenso entre todos los actores que forman parte de la industria del juego, con la intención siempre de evitar el cierre de establecimientos ya abiertos, e impedir así la pérdida de puestos de trabajo.