Las administraciones locales de la TGSS gestionarán el cobro de prestaciones indebidamente percibidas
Hasta ahora lo gestionaban las direcciones provinciales
Las direcciones de administración de la red local de la Tesorería General de la Seguridad Social serán desde mañana las encargadas de resolver las solicitudes respecto al establecimiento de plazos reglamentarios para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, frente a las direcciones provinciales que gestionaban hasta ahora dichas prestaciones.
Así se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se modifican las funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social para hacerla más eficaz y rápida.
La medida, que entrará en vigor mañana, modifica una resolución anterior, del 16 de julio de 2004, que ya fue modificada el 13 de mayo de 2015, por la que se atribuyó esta competencia a las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto de manifiesto la conveniencia de seguir profundizando en la descentralización de esta tramitación para avanzar en una mayor «eficacia, rapidez y eficiencia», que repercuta favorablemente tanto en la gestión de los recursos administrativos empleados como en el interesado.
De esta forma, ha transferido esta competencia a las direcciones de administración de la Tesorería General de la Seguridad Social, que son unidades de atención a los ciudadanos de la red local que tienen las direcciones provinciales de la Tesorería. En España existe un director provincial por cada una de las provincias, pero a la vez pueden existir varios directores de administración local en cada dirección provincial.
Gracias a esta resolución, el Ministerio de Seguridad Social destaca que se descentraliza aún más la gestión de las direcciones de administración, «al tratarse de una administración más próxima al interesado».
Así, afirma que se permite una reducción «considerable» en los tiempos de tramitación del procedimiento así como optimizar los recursos materiales e informáticos y aumentar la productividad en la utilización de medios personales y conseguir así una gestión más rápida y de menor coste.
