La Xunta prevé sumarse a una demanda del Estado por Meirás y Feijóo ve «menor» que los Franco reclamen gastos

El presidente asegura que el informe de expertos es el «más sólido» al margen de «opiniones políticas» e insta al Gobierno a iniciar la acción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno gallego «no tendrá ningún inconveniente» en personarse en la demanda civil que presente la Administración General del Estado para incorporar el Pazo de Meirás al patrimonio público, si finalmente el Ejecutivo central impulsa esta iniciativa. Además, ha restado importancia a la posibilidad de que se pueda pedir una indemnización por parte de los herederos de Franco, si hay sentencia firme favorable a Patrimonio Nacional: «Es un tema menor».

«No tenemos ningún inconveniente a personarnos en la reclamación, una vez que el Estado, que es el que tiene la legitimación, esté activa», ha señalado el mandatario autonómico en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que esta semana se ha celebrado de forma excepcional en viernes. «Entre otras cosas», ha agregado, porque al Gobierno gallego le «gustaría que el Estado, si recupera el bien, lo ponga a disposición de los gallegos para administrarlo».

Este lunes se ha conocido el informe de la comisión de expertos que presidió el catedrático de Historia Contemporánea Xosé Manoel Núñez Seixas, en el que se propone una acción reivindicatoria a través de una demanda civil basada en que por la fuerza del uso es, de facto, un edificio público.

Al respecto, Feijóo ha significado que se trata del informe jurídico «más sólido» que se ha realizado sobre el fin compartido, y ha advertido de que debe desligarse de «opiniones políticas». «Es un informe jurídico, no político», ha subrayado.

En su respuesta, el presidente autonómico ha sintetizado que el informe acredita que, entre 1938 y 1975, las también conocidas como Torres de Meirás fueron usadas por el entonces «jefe del Estado» para fines institucionales y que la financiación del inmueble corría a cargo de la Administración del Estado, motivo por el que los expertos apuestan por presentar una demanda civil empleando la figura jurídica de la «demanialización».

«NO TENEMOS NINGÚN MIEDO»

«Y es lo que nosotros vamos a defender, lo que los técnicos nos concretan como mejor solución en derecho. Otra cosa es que alguien tengan una idea fantástica en política pero que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún efecto. Esa no es la recuperación de un pazo, es la discusión sobre lo que debemos hacer», ha remarcado Feijóo, quien ha proclamado: «Nosotros no tenemos ningún miedo a recuperar lo que nos parece que es público».

Al margen del análisis jurídico realizado por esta comisión de expertos –con participación de las tres universidades, registradores de la propiedad, asesoría jurídica y otros departamentos de la Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de Sada–, la Junta pro devolución del pazo –capitaneada por el ente provincial coruñés– también dio a conocer en febrero un informe, pero Patrimonio Nacional no tuvo en consideración los argumentos que allí se recogían para iniciar la reclamación del inmueble.

Tras conocerse las conclusiones de la comisión de expertos, el Grupo Parlamentario Popular registró una iniciativa en la Cámara, con la firma del propio Feijóo, en la que asume el informe jurídico de los expertos y pide que la Administración General del Estado impulse la demanda civil, que debe presentarse en el Juzgado de primera instancia de Betanzos, partido judicial al que pertenece Sada (A Coruña) –donde se ubica el pazo–.

Así, Feijóo, que no considera que haya falta de consenso en esta cuestión, pese a que los grupos parlamentarios actúan cada uno de forma independiente, ha defendido que su partido y la Xunta están cumpliendo con el encargo parlamentario. De este modo, pedirán al Gobierno central la «activación» de la demanda civil.

Preguntado por si se personarán en esta acción judicial, si se confirma y como también recomienda el informe de los expertos tanto para la Administración autonómica como para el Ayuntamiento de Sada, el presidente gallego ha apuntado que la Xunta «no tiene ningún inconveniente» en hacerlo «una vez esté activa».

INDEMNIZACIÓN

El informe también recoge que, una vez que haya sentencia firme (sería del Tribunal Supremo), los actuales poseedores del pazo, los herederos de Franco, podrían reclamar en el proceso de liquidación de la propiedad los gastos de mantenimiento que acrediten entre el 21 de noviembre de 1975 y la fecha de la presentación de la demanda.

«Es un tema absolutamente menor», ha quitado importancia Feijóo, quien ha considerado que la vía que abre el informe de los expertos es que los Franco «podrían solicitar en su caso los gastos en los que hubiese incurrido».

«Es una cuestión accidental que vamos a ver los jueces si entran en eso, vamos a ver la estrategia de defensa de la familia… Pero en fin, es un tema absolutamente secundario», ha estimado, antes de remarcar: «Lo importante es recuperarlo».

Y ha insistido en que no conoce «un informe jurídico mejor» que este, sino «opiniones políticas. «Pero la política y el derecho no tienen que ir siempre por la misma vía. Y si queremos tener un resultado político, tenemos que basarlo en argumentos jurídicos», ha aseverado.

ESTATUAS DEL MESTRE MATEO

El informe jurídico sobre Meirás (BIC 2011), que los nietos de Franco han puesto a la venta en febrero en una web de lujo, coincide con el proceso judicial abierto por el Ayuntamiento de Santiago contra los herederos del dictador por la titularidad de las estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo.

De hecho, este jueves se conoció que ya hay fecha para la vista preliminar en este proceso, que se libra en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Será el próximo 15 de octubre.