La Xunta pide «prudencia» para evitar «recortes drásticos» en las cuotas de pesca europeas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5

La conselleira do Mar de la Xunta, Rosa Quintana, ha pedido este lunes «prudencia» para evitar «recortes drásticos» en las cuotas de pesca europeas, refiriéndose, por ejemplo, a la propuesta de cierre de la pesquería del jurel en aguas del Cantábrico.

Así lo ha señalado Quintana durante su participación por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, en el que se han analizado las proposiciones de cuota de la Comisión Europea de cara al próximo Consejo de Ministros de Pesca de los días 11 y 12 de diciembre, en el que se fijarán las capturas máximas para 2023 en los caladeros que dependen exclusivamente de la Unión Europea (EU).

La titular de Mar ha pedido «cautela» a la hora de fijar las posibilidades de pesca del jurel, indicando que ya pasó con la sardina, que en su día se propuso el cierre total durante 15 años y, finalmente, se logró recuperar la especie en apenas un lustro «sin paralizar la actividad»

En la misma línea, la representante de la Xunta ha recordado también el caso de la merluza que, tras años de recortes en la cuota, se descubrió que había un error en el modelo de cálculo y que el stock era mucho mayor del estimado, lo que supuso una propuesta de cuota que recogía una subida del 70%.

Por todo ello, Quintana ha pedido mantener la pesca de jurel en el Cantábrico con al menos 15.000 toneladas, así como aumentar la flexibilidad de pesca de la cuota fijada de Fisterra cara el sur del 3% actual al 25%.

Además, ha añadido que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en la elaboración de un informe del impacto socioeconómico que supondría un total admisible de captura (TAC) 0 para el jurel, con el objetivo de que el Gobierno central lo pueda emplear en Bruselas.

Pese a todo esto, Rosa Quintana ha subrayado que la propuesta de TAC y las cuotas de Bruselas para 2023 son «más favorables» que las de años anteriores, aunque ha incidido en pedir a la Comisión Europea que tenga en cuenta los aspectos socioeconómicos.

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