La violencia intercomunitaria y yihadista deja al menos 580 muertos en el centro de Malí en lo que va de año

Bachelet condena el «círculo vicioso» de violencia y pide acabar con la impunidad imperante

Al menos 580 civiles han muerto en lo que va de año en el centro de Malí víctimas de la incipiente violencia intercomunitaria así como de las acciones de los grupos terroristas vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico, según ha denunciado este viernes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha pedido poner fin a la impunidad.

Hasta el 21 de junio, la división de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Malí (MINUSMA) ha documentado 83 incidentes de corte sectario en la región de Mopti, donde las disputas entre los peul –principalmente pastores– y los dogon –mayoritariamente agricultores y cazadores– han ido en aumento, provocando a su vez el surgimiento de grupos de autodefensa cada vez más violentos.

Así, las milicias peul han sido responsables de al menos 71 de estos incidentes, que se saldaron con 210 muertos, mientras que las de la comunidad dogon perpetraron doce ataques y dejaron al menos 82 muertos. A esto hay que sumar que algunas personas han sido secuestradas, obligadas a enrolarse en estos grupos o desplazadas.

Además, los ataques han buscado de provocar el mayor daño posible, con la quema de viviendas, el saqueo de propiedades y graneros, y el asesinato o robo de ganado, ha precisado la oficina de Bachelet.

Las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), ha fomentado e instrumentalizado estas disputas y han usado la violencia intercomunitaria para engrosar sus filas, aumentando además su presencia en esta parte del país. Según los datos de MINUSMA, desde principios de año han cometido 105 abusos de los Derechos Humanos solo en la región de Mopti, incluidos 67 asesinatos.

ABUSOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Pero, según el Alto Comisionado, también las fuerzas de seguridad malienses enviadas a la zona para contener la violencia intercomunitaria y yihadista han estado implicados en violaciones de los Derechos Humanos, principalmente con la comunidad peul como objetivo.

Así, la división de Derechos Humanos de MINUSMA ha documentado hasta ahora 230 ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en las regiones de Mopti y Segú. De ellas, 47 ocurridas en cinco incidentes en marzo fueron perpetradas por las fuerzas malienses actuando bajo el mando de la fuerza conjunta del G5 Sahel, según el comunicado. También se han documentado torturas, desapariciones forzosas y arrestos arbitrarios, entre otros.

«El círculo vicioso de ataques de represalia entre milicias dogon y peul, sumado a las violaciones y abusos cometidos por las fuerzas malienses y los grupos armados, ha creado una situación de inseguridad crónica para los civiles, que no son capaces de contar con la protección de las fuerzas de seguridad», ha lamentado Bachelet, defendiendo que «esto tiene que parar».

RESTAURAR LA AUTORIDAD Y ACABAR CON LA IMPUNIDAD

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que «el Gobierno y las fuerzas nacionales deberían restaurar la autoridad del Estado en todo el país y ofrecer paz, seguridad y protección a todas las personas».

«Este entorno protector solo puede ser posible si cesa la impunidad y todos los responsables, incluidos algunos miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, rinden cuentas de sus acciones», ha defendido Bachelet, que ha incidido en que «la gente necesita justicia, reparación y compensación».

Por ello, ha pedido «a las autoridades malienses que establezcan investigaciones independientes, inmediatas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones y abusos de Derechos Humanos y garanticen el establecimiento de procesos adecuados de rendición de cuentas». «Esta es la única vía para revertir esta tendencia de continuada violencia», ha advertido.