La UE prorroga diez años las normas de acceso de buques de la UE a aguas nacionales
BRUSELAS, 22
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la prórroga de diez años, hasta enero de 2032, de las normas que permiten a los países de la Unión Europea restringir el acceso a sus aguas territoriales de otras flotas comunitarias hasta 12 millas náuticas desde la costa, lo que en la práctica supone que sólo podrán acceder buques pesqueros que ya faenaban en la zona.
De este modo, se prevé disminuir la presión pesquera en zonas concretas y preservar la actividad económica local y a pequeña escala en áreas costeras. En el caso de las regiones ultraperiféricas el acceso restringido puede extenderse hasta 100 millas náuticas desde la costa y sólo para buques registrados en sus puertos.
Los negociadores de los Veintisiete y de la Eurocámara acordaron la prórroga el pasado septiembre pero necesita también el visto bueno formal del pleno del Parlamento Europeo –que ha llegado este martes con 608 votos a favor, 13 en contra y 9 abstenciones– y del Consejo, aún pendiente.
Además, la Comisión Europea deberá preparar un informe antes del 30 de junio de 2031 sobre la aplicación de la prórroga antes de que los colegisladores decidan si procede una nueva extensión. En caso de que la Comisión decida revisar la Política Pesquera Común (PPC), los servicios comunitarios también deberán llevar a cabo una evaluación de impacto en consonancia con los principios de mejora de la legislación de la UE.
En cuanto al uso de aparejos de pesca en contacto con el fondo marino, la Comisión y el Parlamento han tomado nota de los debates en curso en la zona del Canal de la Mancha, donde hay preocupación sobre su impacto, según ha indicado la Eurocámara en un comunicado que precisa que las instituciones han expresado su apoyo a las iniciativas locales y han invitado a los Estados miembro a presentar recomendaciones conjuntas teniendo en cuenta las opiniones locales.
Esto permitirá a la Comisión responder con medidas técnicas que reflejen las evaluaciones científicas -para las que la Comisión aportará financiación- y el impacto socioeconómico de las posibles restricciones.
