La UE dará un margen de 6 meses para retirar del mercado usos prohibidos de la IA tras publicar la normativa
La prohibición de determinados casos de uso de la inteligencia artifical (IA), los cuales se detallarán en el texto normativo definitivo sobre la regulación de esta tecnología en la Unión Europea (UE), comenzará a aplicarse seis meses después de la publicación del documento final en el Diario Oficial de la UE (DOUE), lo cual se prevé que ocurrirá en torno a mayo del año que viene.
De este modo, la prohibición de determinados casos de uso de la IA se llevará a cabo antes de la entrada en vigor de la totalidad de la normativa, que se producirá transcurridos 24 meses desde la publicación de la regulación en el DOUE, según han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia).
Esto quiere decir que si el día en el que se publique la normativa en el boletín de la UE está en funcionamiento comercial algo que entre dentro de las características de un caso prohibido tendrá que retirarse del mercado antes de seis meses.
En ese sentido, el pasado viernes los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) lograron, tras más de 35 horas de conversaciones, cerrar un acuerdo para fijar las primeras reglas con las que limitar los riesgos de la IA.
De este modo, el calendario que se maneja en estos momentos apunta a que el próximo marzo –ya durante la presidencia Belga de la UE– el Consejo Europeo refrendará el texto, mientras que el Parlamento Europeo hará lo propio en abril, en su último pleno antes de su disolución debido a las elecciones europeas, que tendrán lugar a comienzos de junio de 2024.
De cumplirse con esos plazos, la nueva normativa de la UE para regular la inteligencia artificial se publicaría oficialmente en mayo, según las previsiones actuales.
NIVELES DE RIESGO
Al margen de los plazos, lo que se ha estipulado en las negociaciones son los distintos niveles de riesgo para el uso de la IA, cuya aplicación estará supervisada por una oficina europea que coordinará las distintas agencias nacionales sobre esta materia.
En ese sentido, también se han establecido los umbrales de las multas a las que se enfrentarán las empresas que no respeten la normativa, que van desde un mínimo de 7,5 millones de euros o un 1,5% de su facturación hasta un máximo de 35 millones de euros o un 7% de su cifra de negocio.
De este modo, una de las principales líneas rojas europeas en cuanto al uso de la IA tiene que ver con la utilización de esta tecnología para elaborar una especie de «ranking social» de la población, es decir, la elaboración de una suerte de clasificación de «buenos y malos» ciudadanos, algo a lo que la UE se niega.
Otro aspecto con el que no comulga la UE es con la utilización de esta tecnología para implantar una «sociedad vigilada», algo estrechamente ligado con el reconocimiento biométrico.
Es decir, la Unión Europea ha prohibido la utilización de la IA para realizar reconocimientos biométricos en tiempo real, salvo en determinadas excepciones, como puede ser un ataque terrorista, situación en la que sí se podría emplear con el objetivo de identificar a los responsables.
Otra excepción, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es para la localización de personas desaparecidas, entre otros ejemplos.
«No tiene sentido que no se le dé a la Policía la oportunidad de encontrar a un terrorista que acaba de salir corriendo (…) y que no tenga esa capacidad de localizarlo (…) Pero no es razonable que yo esté en el parque y mi Gobierno sepa cómo me llamo, qué compré en los últimos cinco meses o con quién me estoy cogiendo de la mano», han ejemplificado las fuentes.
Otro caso de uso prohibido de esta tecnología tiene que ver con la manipulación de la libre voluntad de las personas o, por ejemplo, para realizar valoraciones sobre si una persona es susceptible de cometer un delito.
No obstante, las fuentes señalan que lo que se ha acordado no supondrá un impedimento para la innovación tecnológica con IA, si bien han recalcado que los procesos de implementación de la misma se realizarán con transparencia. «El equilibrio entre libertad y protección es muy fino», han matizado las fuentes, que creen que efectivamente se ha logrado ese fiel de la balanza.
En cuanto a no impedir el desarrollo de esta tecnología, desde la Sedia se ha trasladado que la regulación de la UE no aplicará en las fases previas al lanzamiento al mercado de los productos basados en IA, por lo que han recalcado que no se pondrán trabas a la innovación.
En esa línea, se prevé la creación de espacios de entrenamiento para este tipo de productos en entornos reales antes de que lleguen al mercado.