La sociedad civil colombiana insiste en que en el operativo Putumayo hubo ejecuciones extrajudiciales
Una misión humanitaria formada por ocho organizaciones de la sociedad civil colombiana ha insistido este miércoles en que la operación militar en Putumayo (suroeste) del pasado 28 de marzo fue una ejecución extrajudicial, en lo que para muchos es ya un nuevo episodio de falsos positivos .
«Los testimonios coinciden en que lo que hubo fue una incursión armada del Ejército haciéndose pasar por la guerrilla. Dicen que llegaron al menos cuarenta hombres con camisetas negras y encapuchados, disparando al caserío», ha contado la directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez, informa Caracol Radio.
Sánchez ha denunciado que la constante presencia de militares en la zona ha provocado que autoridades como la Fiscalía no haya podido iniciar con anterioridad y precisión las investigaciones pertinentes, con las irregularidades que ello conlleva.
«La Fiscalía llegó cinco días después de los hechos, no tenía acordonada la zona, que se había visto afectada por la lluvia y los animales que circulan por el territorio. Además, la gente estaba dando los testimonios a la Fiscalía, y ahí estaba el Ejército. ¿Con qué garantías y en qué condiciones la gente puede hablar tranquilamente?», se ha preguntado Sánchez.
Al mismo tiempo, ha solicitado tanto una unidad especial para investigar de manera imparcial y autónoma lo ocurrido, como una rectificación por parte del Gobierno de Colombia y el ministro de Defensa, Diego Molano, por sus palabras «mancillando la dignidad» de las víctimas y las comunidades en las que residían.
Al menos once personas murieron, entre ellas un menor, murieron como consecuencia de un operativo militar llevado a cabo en la vereda Remanso, en Puerto Leguízamo. Según el Ejército, las víctimas formaban parte del Frente 48, un de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.
Sin embargo, días después la Procuraduría reclamó al Ejército un informe preciso sobre lo ocurrido, después de que las organizaciones locales hayan denunciado que las víctimas no eran supuestos disidentes o guerrilleros sino meros «integrantes de la comunidad», resultando estas declaraciones «altamente contradictorias con la información oficial».
