La Seguridad Social quiere generalizar los planes de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva

El Gobierno espera impulsar los planes de pensiones de empleo en las empresas a través de la negociación colectiva, para reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones, aunque dichos planes también incluirán a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas, según han informado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura este anteproyecto de ley, que responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de 2021. De esta forma, el Gobierno promoverá este producto de ahorro entre las clases trabajadoras, ya que hasta ahora primaban los planes privados, limitados a rentas altas o muy altas.

El Ejecutivo quiere aprovechar las negociaciones de la reforma laboral para que los planes de empresa se generalicen y refuercen el contenido de la negociación colectiva, de forma que también resulten más atractivos para las empresas y para los agentes sociales. El Gobierno entiende que los planes de pensiones de empresa también contribuyen a mejorar la vida del trabajador, la calidad de la normativa laboral y del mercado de trabajo.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la «implicación directa» por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa.

El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2%, frente a una 48% de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir «una década o más», en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.

El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.

Las comisiones de un plan individual, del entorno del 1%, pueden suponer un coste adicional de 0,8 puntos respecto a los de empleo, con comisiones del 0,2%. Esto supondría una pérdida por sobrecomisiones de más de 9.000 euros para una pensión de 1.000 euros durante 35 años de aporte, como apuntan las fuentes conocedoras de los cálculos del Ministerio.

Fuentes cercanas a la cartera que preside José Luis Escrivá han explicado este martes que el anteproyecto de ley no especifica cuál será el tope de esas comisiones, aunque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sí hace referencia a esos límites. No obstante, desde el Ministerio consideran «más prudente» esperar a que se elaboren los pliegos para conocer ese máximo, pero ya avanzan que su horizonte se fija «en las comisiones de los fondos de empleo más que de los individuales».

Del mismo modo, tampoco se establecerá por ley un patrimonio mínimo, ya que por sus implicaciones se trata más de «una materia de reglamento».

GOBERNANZA ESPECÍFICA Y SELECCIÓN DE GESTORAS

El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad. Por el momento, ninguna ha expresado su interés, como aseguran las fuentes citadas.

Para la gobernanza de los fondos de empleo de impulso público se creará una Comisión de Control Especial y una Comisión Promotora y de Seguimiento. La primera estará integrada por 17 miembros, de los que nueve pertenecerán a la Administración Pública y los otros ocho serán designados por las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Promotora y de Seguimiento contará con 9 funcionarios, de los que cinco procederán de la Seguridad Social, y el resto de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.

FISCALIDAD

Otro de los motivos del Gobierno para potenciar los planes de empleo se basa en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) de 2020, que evidenció el carácter regresivo del diseño de los planes individuales, con beneficios solo para las rentas más altas.

Para revertir esta situación, el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.

También se prevé continuar ofreciendo un trato fiscal ventajoso a los planes de empleo y de los planes de empleo para autónomos, otra de las modalidades que aparece recogida en el anteproyecto de los planes de pensiones de empleo. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750 euros.

Los beneficios fiscales pretenden convertirse en un incentivo para promocionar estos planes. Los agentes sociales han recibido el anteproyecto con una actitud «razonablemente positiva». Por parte de los sindicatos, se ha entendido que el planteamiento «no pone en peligro ni cuestiona el pilar público, sino que supone una mejora en las condiciones de trabajo y salariales», como apuntan fuentes del Ministerio. La patronal pide más incentivos para poder llevar a la práctica estos fondos, por lo que el Gobierno todavía ve «un margen para seguir trabajando».

El Gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.