La secretaria de Estado de Cooperación Internacional reconoce la necesidad de prohibir la prostitución

Cantabria iniciará un programa de inclusión sociolaboral de mujeres migrantes, sobre todo para víctimas de violencia sexual y de género

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, coinciden en la necesidad de prohibir la prostitución.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que ambos han mantenido este lunes en la sede del Gobierno de Cantabria, en la que Cancela ha reconocido como «uno de los retos pendientes» del Gobierno de España el contar con una ley abolicionista de la prostitución, una norma que Zuloaga ha reivindicado.

Cancela, que ha mostrado una «identidad absoluta» de objetivos con el Gobierno de Cantabria, ha reconocido que es «fundamental», desde el punto de vista legislativo y de acción política de Gobierno, la prohibición de la prostitución, «ya que tiene una relación directa con la trata, la pornografía y con la forma de violencia más fragante que pueden tener las mujeres».

PROGRAMA DE INLCUSIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES MIGRANTES

Por otra parte, en el encuentro, Zuloaga ha presentado a Cancela el proyecto Momentum for Cooperatión , un programa de inclusión sociolaboral de mujeres migrantes, especialmente orientado a víctimas de violencia sexual y de género, que el Ejecutivo pondrá en marcha junto a Cruz Roja y el CISE.

La propuesta, que se centrará en el emprendimiento y la economía social, como alternativa de inserción sociolaboral de las mujeres migrantes, forma parte del proyecto europeo AMAIF, en el que participan seis países y cuenta con una inversión de más de un millón de euros, de los que Cantabria recibirá 210.000 euros para su puesta en marcha a partir del próximo enero.

Además, como ha explicado el vicepresidente a Cancela, Cantabria complementará este programa, dirigido a mujeres migrantes entre 18 y 35 años, con un proyecto piloto de la Dirección General de Igualdad y Mujer que, con la misma metodología, se orientará a mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y de género.

Cancela ha considerado «impresionante» esta iniciativa «exportable a otros territorios», que se centra en mujeres en situación de especial vulnerabilidad, facilitando su inserción laboral mediante la fórmula empresarial de la cooperativa, «que implica también valores fundamentales de igualdad y solidaridad», ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Además, en el encuentro, celebrado en la sede del Gobierno, Cancela ha agradecido, en nombre del Gobierno de España, la cooperación del Ejecutivo autonómico en la acogida de personas procedentes de Afganistán.

En el encuentro también han participado las directoras generales de Cooperación al Desarrollo, Silvia Abascal, y de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez, y la representante de Cruz Roja, Beatriz Aldama, y de CISE, José Carlos Ceballos.

EL PROGRAMA

Momentum for Cooperation comenzará a partir del próximo mes de enero en seis países miembros, con más de un millón de euros de financiación europea, y el objetivo de fortalecer la autonomía económica, personal y social de las mujeres migrantes entre 18 y 35 años que forman parte de un programa de Acogida y Refugio, a través del emprendimiento y la economía social.

En Cantabria, además, esta iniciativa se complementará con un programa piloto de Igualdad y Mujer, y se orientará especialmente a las mujeres migrantes que son o han sido víctimas de violencia de género o han sufrido explotación sexual en redes de trata de personas.

Estas mujeres, por un lado, desarrollarán sus competencias emprendedoras y, por otro lado, se formarán en economía social y cooperativa, con el objetivo de fomentar su empleabilidad e inserción en el mercado laboral y, a la vez, darlas herramientas para su empoderamiento personal, económico y social.

Contarán, así, con más alternativas y posibilidades ante situaciones de desempleo, facilitando su inserción en el mercado laboral, algo fundamental para su independencia económica, lo que las dará una mayor posibilidad de ejercer sus derechos y disminuirá su vulnerabilidad ante potenciales situaciones de violencia sexual o de género.