La sanidad privada en España tiene un tiempo de espera de apenas 30 minutos en sus Urgencias
El tiempo de espera media para ser atendido en los servicios de Urgencias de los hospitales de titularidad privada en España es inferior a 30 minutos, según datos difundidos por el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), que representa a las principales aseguradoras y grupos hospitalarios privados.
En su último estudio de resultados de salud RESA 2017, publicado hace unos meses, analizaron los datos de 4.162.113 urgencias atendidas en los 284 centros sanitarios privados participantes, pertenecientes a todas las comunidades autónomas.
Y de este modo, observaron que la demora media hasta el triaje (valoración inicial del paciente para determinar la prioridad y gravedad del caso) es de 9 minutos y 44 segundos, mientras que desde esta primera fase hasta la atención médica por el facultativo indicado pasan de media 19 minutos y 53 segundos. En total, 29 minutos y 37 segundos, la demora media más baja de los 6 últimos años.
Un logro que, según el director general de IDIS, Manuel Vilches, muestra «cómo los centros están trabajando de forma permanente en la mejora de la accesibilidad, eficiencia, calidad y seguridad del paciente».
Además, ha señalado que estas mejoras «se tienen en cuenta no solo los tiempos, algo fundamental en una atención de urgencia, sino la conformación del propio espacio asistencial, con circuitos que optimizan los procesos, y la concurrencia de los medios humanos y tecnológicos necesarios».
El IDIS destaca además cómo estos datos contrastan con la situación que se vive en los servicios de urgencias de la red sanitaria pública, especialmente en estas fechas con la epidemia de gripe creciendo cada semana.
En ese sentido, Vilches considera que la cooperación público-privada en esta materia «de nuevo se hace urgente y fundamental» ya que, a su juicio, «lo primero es dar el servicio al paciente sin demora y de la mejor manera posible».
De hecho, recuerdan que un informe elaborado de manera conjunta en 2015 por el Defensor del Pueblo y todos los comisionados autonómicos analizó la aplicación práctica de los derechos y garantías de los pacientes en los servicios de urgencia hospitalaria.
Y en él explicitaban taxativamente que los programas de calidad son una exigencia legal garantista de los servicios de urgencia y requieren de una actualización constante de los protocolos y de un seguimiento continuado realizado por profesionales.
«La acreditación de los servicios de urgencias, de acuerdo con los estándares e indicadores de calidad consensuados por los expertos, debería generalizarse e incentivarse por las administraciones, incorporando en el proceso la opinión de los pacientes», señalaba.
