La sanidad privada defiende el mutualismo y asegura que ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones anuales

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación Idis), que aglutina a las principales empresas sanitarias de España, ha manifestado su rechazo a la Proposición No de Ley (PNL) del grupo Unidas Podemos en el Congreso para que las nuevas incorporaciones de los colectivos acogidos al mutualismo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría «el inicio del fin de un modelo bien consolidado», el cual «ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año».

Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación Idis que analiza el impacto de un hipotético cambio de modelo de las mutualidades y que analiza su evolución y aportaciones, hecho público por la entidad a través de un comunicado tras tener noticia del registro de la PNL este jueves.

En este sentido, el informe señala que «el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año».

«Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos», explica Fundación Idis.

Por otra parte, el mencionado informe señala que el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas.

CIERRE DE 30 CENTROS Y PÉRDIDA DE 39.000 EMPLEOS

Otro de los aspectos que, según la Fundación Idis, es necesario tener en cuenta es que la «accesibilidad» a la asistencia sanitaria «se vería afectada de forma importante», debido a que «la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria».

A estas repercusiones se uniría, a nivel social, la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe.

Asimismo, la Fundación Idis advierte del impacto que el cambio del modelo tendría en zonas con escasa población, ya que en algunos territorios los hospitales asociados al mutualismo podrían desaparecer dejando sin cobertura sanitaria a la población asistida, y recuerda que en algunos casos estos hospitales son los únicos de estas áreas.

Por otro lado, el informe cifra entre 30 y 33 millones de euros la pérdida de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades por el impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo dirigido a la paulatina desaparición del mismo.

SATISFACCIÓN

Aparte de las repercusiones mencionadas, la Fundación Idis recalca que «existe una satisfacción generalizada por parte de los mutualistas con este modelo y con la asistencia ofrecida por las compañías aseguradoras, como atestigua el hecho de que más del 80% de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad».

Así, la entidad concluye que «el modelo beneficia al Estado, al contar con una previsión de gasto fija, y le genera beneficios económicos que redundan en una mayor eficiencia»; «aporta accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia sanitaria»; «ayuda al mantenimiento de empleo cualificado y de la actividad de compañías que tributan por ella»; y «permite la existencia de centros hospitalarios en zonas con escasa población».

Además, asegura que «mejora la calidad de la asistencia al absorber demanda de pacientes y favorecer la menor ocupación hospitalaria pública y la reducción de las listas de espera», y subraya la «satisfacción de los propios usuarios».

Por todo ello, la Fundación Idis hace un llamamiento a la Comisión de Sanidad del Congreso para que, de cara al debate de la mencionada PNL, sean tenidos en cuenta todos estos aspectos, ya que «el modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario», y «la desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema».