La sanidad privada advierte del «éxodo» de funcionarios a la pública si el concierto de MUFACE es «deficitario»
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) advierte del «problema» que conlleva el nuevo concierto de MUFACE para la asistencia médica de los funcionarios si no se acuerda una prima por mutualista similar a la del gasto sanitario por ciudadano; por lo que advierte de un «éxodo» de funcionarios a la pública.
A su juicio, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima significativo que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente, «existe el riesgo de que se incremente la tendencia de centros privados que dejen de concertar».
Esto se debe a que no se cubrirían los costes con la remuneración y provocaría, por tanto, menos accesibilidad y un cuadro médico restrictivo que desincentive a los funcionarios a elegir la sanidad privada. «Esa situación supondría un éxodo a la sanidad pública de un número relevante de mutualistas y familiares y, por consiguiente, un potencial incremento de las listas de espera», han explicado.
En este sentido, la patronal subraya la importancia de que se dejen de «limitar» la prestación de servicios de especialidad médica de una mayor frecuentación (por ejemplo, tratamientos de diálisis o de oncología) en el conjunto de territorios, debido a una financiación «insuficiente».
«El incremento de la prima por parte de MUFACE debe ir dirigido a garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional y que los mutualistas reciban un servicio de calidad con acceso efectivo a todos los servicios y especialidades», ha señalado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
ASPE reclama que la revalorización de la prima se traslade de manera «justa y suficiente» a los hospitales y centros sanitarios que actualmente prestan asistencia «de manera deficitaria» frente a los costes.
Según ASPE, si se mantiene una diferencia considerable en la remuneración a los centros sanitarios entre el precio que se paga por mutualista y el que reciben por aseguramiento, se «desincentivará» a los proveedores sanitarios a concertar la prestación de servicios a mutualistas. Ello devendrá en que el cuadro médico será más restrictivo y provocará un descenso de la elección de la sanidad privada por el mutualista, eligiendo el sistema público.
«La financiación insuficiente ha generado durante los últimos años una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras seleccionan de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se ven obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las exiguas tarifas actuales», según ASPE, que dice que el incremento de la prima «debe servir» para reconducir ambas situaciones.
«El modelo de financiación debe considerar la situación de los prestadores de asistencia sanitaria que son los que, en definitiva, atienden los costes derivados de la atención sanitaria de los mutualistas», afirma Rus.
La patronal del sector de provisión sanitaria recuerda que las tarifas para pacientes provenientes del mutualismo administrativo son un 10 por ciento inferiores en comparación con las aplicadas a los asegurados de las compañías de salud, lo que agrava aún más el desajuste financiero para los centros sanitarios en la prestación de servicios, causado por el progresivo incremento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuentación asociada; «una situación que ha provocado que numerosos centros ya se hayan visto forzados a dejar de atender a mutualistas debido a la insuficiencia de las tarifas actuales».
Tal y como señala el informe El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros , elaborado este año por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, se estima que, en los últimos años, las entidades aseguradoras han trasladado el 50 por ciento de la subida de la prima a los prestadores, siempre teniendo en cuenta que este impacto puede variar en función del prestador, la compañía aseguradora, la ubicación geográfica y la actividad a realizar. En el caso de centros más pequeños o médicos con consulta propia, incluso es posible que la mejora que les hayan trasladado las compañías aseguradoras sea sensiblemente inferior.
UN PRIMER PASO
ASPE considera que la propuesta de incrementar un 24 por ciento la prima de MUFACE en 2025 y de un 1 por ciento en 2026 es «un primer paso en el buen camino», pero advierte de que esta cantidad no es «suficiente» para asegurar la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo.
La patronal subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros (con la posible subida, la prima de MUFACE aún se situaría en 1.301 euros por mutualista en 2026), para poder garantizar la sostenibilidad del sistema, tal y como se concluye en el informe de la UCM.
«Si no se logra una financiación verdaderamente adecuada que incluya a todos los actores implicados, el modelo sigue en riesgo de desaparecer, a pesar del impulso que se le trata de dar con este acuerdo», señala Rus.
Según el citado informe, el modelo actual de MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266 por ciento para consulta externa y del 115 por ciento para una intervención quirúrgica.
