La reforma judicial pactada por PP y PSOE continúa esta semana su recorrido parlamentario en el Congreso
La reforma judicial pactada por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continuará esta semana su recorrido parlamentario en el Congreso. En concreto, se discutirá en ponencia el martes y el miércoles la Comisión de Justicia la dejará lista para elevarla al Pleno.
Con esta reforma legislativa que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal los dos grandes partidos buscan poner fin a las denominadas puertas giratorias en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.
El texto salvó su primer trámite el pasado jueves en el Pleno del Congreso cuando se rechazaron las enmiendas de totalidad con texto alternativo registradas respectivamente por Vox y Podemos. Ningún grupo las apoyó más allá de sus firmantes, pero, en el caso de la de Podemos, Sumar y Junts optaron por la abstención, en lugar del voto en contra. Por su parte, ERC, Bildu y el BNG prefirieron no participar en ninguna de la dos votaciones por considerar que el texto de PSOE y PP no cambia «nada» y sigue favoreciendo el lawfare .
Así las cosas, el siguiente paso es discutir las enmiendas parciales registradas por Sumar, el único grupo que ha hecho sugerencias de cambios en el texto aún a sabiendas de que socialistas y populares se han comprometido a no aceptar ninguna enmienda que no esté firmada por los dos partidos.
Pese a haber propuesto a dos de los candidatos para el CGPJ que serán elegidos, Sumar considera insuficiente esta reforma judicial y, de hecho, se abstuvo en la votación de toma en consideración en el Pleno, aunque su voto era irrelevante.
ENMIENDAS PARCIALES DE SUMAR
Entre otras cosas, Sumar aprovecha sus enmienda para proponer que las Cortes Generales elijan además de a los titulares, un suplente específico por cada vocal del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de evitar que la correlación de fuerzas y sensibilidades dentro del organismo pactada por los grupos se vea «torticera o inadvertidamente alterada».
El grupo plurinacional también plantea otra enmienda para garantizar el acceso a plazas de salas del Tribunal Supremo para el denominado cuarto turno judicial, que son magistrados o abogados que acceden a la carrera de forma más tardía a los del turno libre.
Quieren que cada cinco plazas de magistrados, cuatro sean para miembros de la carrera judicial mayores de 60 años, con al menos diez años en la categoría de magistrado y reservar la quinta para abogados y otros juristas de reconocida competencia.
Sumar justifica esta enmienda para que no se «entorpezca» el acceso a las plazas del Supremo, que son vitalicias, a este conjunto de magistrados, que en ocasiones no podrían completar los 20 años mínimos que exige la proposición de ley de PSOE y PP.
Por otro lado, piden que los juristas que hayan ostentado cargos políticos y reingresen al servicio activo en situación de servicios especiales, pueden quedar adscritos también a la Escuela Judicial para el desempeño de labores de formación continua o especifica. Es decir, dedicados a la actividad docente en las materias que tuvieran relación con su cargo político, como pueden ser áreas de igualdad de género, medio ambiente, derechos humanos o libertades públicas.
«Una vez transcurrido el plazo, tendrán derecho a reintegrarse en su plaza de origen o en la plaza que se le haya adjudicado por concurso o, si así lo eligen, a ser destinados a una vacante de su categoría en la provincia o comunidad autónoma donde prestara servicios antes de su excedencia», ahonda la enmienda.
