La producción de normas estatales subió un 22,4% en el año del Covid, con récord de decretos, según CEOE
Las normas de carácter nacional publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sumaron un total de 739 en 2020, lo que supone un 22,4% más que en el año 2019, según el informe Producción normativa en 2020 realizado por CEOE.
El informe, que la patronal viene realizado desde el año 2015, advierte de la excepcionalidad de los datos de 2020 por el efecto de la pandemia del Covid-19 en la actividad normativa de las administraciones.
Frente a las 739 normas estatales producidas en 2020, las normas con rango de ley no superaron las 53.
El año 2020 fue el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de Reales Decreto-ley superó al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
De hecho, según apunta el informe, la pandemia ha provocado que 2020 sea el año en el que más Reales Decreto-ley se han aprobado en España, un total de 39, de forma que el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de decretos.
Por su parte, las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas ascendieron a 332 en 2020, un 7% más que en el año 2019.
En 2020 se editaron en el BOE 191.776 páginas, cifra que, si se suma a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), supone casi un millón de páginas publicadas (945.098).
La CEOE recuerda que, según el último Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum, correspondiente a 2019, España ocupa el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente.
En el plano de la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2020 ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un incremento del 1,8% con respecto a 2020. En cuanto a la legislación total vigente en la UE, acumula un total de 51.924 normas, según CEOE.
Ante todos estos datos, la patronal reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho «sólido», donde la regulación sea «estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias», lo que CEOE considera «imprescindible» para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.
«Se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo», concluye la organización empresarial.