La presidenta de CNMC reclama más autonomía organizativa para poder desplegar toda su capacidad de supervisión

Pide cambiar la ley y el estatuto orgánico de la comisión para permitirles gestionar con eficiencia sus recursos

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha defendido este miércoles en el Congreso la necesidad de modificar la ley y el estatuto que regulan su funcionamiento para poder acabar con los límites que esta normativa impone a su autonomía organizativa, de manera que pueda tomar decisiones que aumenten aún más su independencia y le permitan poder desplegar una capacidad de supervisión que, ahora se ve mermada además de por estar «infradotada», por ese escaso margen de actuación.

Así lo ha expuesto Fernández durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso en el marco de la subcomisión que estudia fórmulas para mejorar la imparcialidad de los organismos independientes y reguladores.

Fernández ha destacado que legalmente la CNMC cuenta con autonomía orgánica, funcional y plena independencia del Gobierno y los mercados, pero se ha centrado en señalar las «disfunciones» que dificultan su funcionamiento y «pueden afectar» a su «independencia».

Aunque ha reconocido que necesitan más medios y más presupuesto, ha señalado que, dada la situación económica actual, se conformarían con poder hacer un uso «eficiente» de los recursos con los que cuentan.

SER COMO EL BANCO DE ESPAÑA

Así, ha demandado autonomía para poder ejecutar y emplear su presupuesto, es decir, poder disfrutar de la autonomía de gestión que sí tienen por ejemplo el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según ha explicado, distintos ministerios tienen que autorizar asuntos de mera gestión de la CNMC, lo que dificulta enormemente su trabajo.

Además, este organismo se encuentra con muchas dificultades en el plano laboral porque cuando nació en 2013 de la fusión de distintos reguladores, se mantuvieron las plantillas de todos ellos (salvo un 10% que se perdió) y ahora existen muchas diferencias entre unos trabajadores y otros, así como entre los que son funcionarios y el personal laboral.

Para ilustrar las dificultades con las que se topan ha puesto el ejemplo de que, en 2016 intentaron aprobar un convenio colectivo común pero las unidades de la administración que debían informar sobre el mismo se inhibieron, lo que derivó en un pleito de los trabajadores contra la CMNC y una sentencia condenatoria para ella.

Fernández ha denunciado que la sentencia aún no se ha podido cumplir porque la Comisión Interministerial de Retribuciones –formada por los ministerios de Hacienda y Función Pública– «no ha autorizado el pago de las indemnizaciones».

DISCRIMINACIÓN PERSONAL LABORAL

También ha denunciado que les obliguen a contratar fundamentalmente funcionarios y que estas rigideces pone en situación de discriminación al personal laboral, el 65% de su plantilla, que tienen complicado promocionar y se ha quejado de no poder contratar, pese a tener superávit, porque siempre dependen de la oferta de empleo público que marca el Gobierno.

Algunas de estas disfunciones podrían solucionarse aprovechando la trasposición de tres directivas europeas: la del sector de las telecomunicaciones, del sector audivisual y la de defensa de la competencia.

En concreto, ha pedido a los grupos parlamentarios que cuanto éstas leyes se tramiten planteen la reforma de la ley de la CNMC y de su estatuto orgánico para poner fin a las limitaciones que ha expuesto ante la comisión.

«Si nos dan las herramientas legislativas adecuadas, podemos hacer mucho más por situar a nuestro país en una posición favorable para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI», ha concluido.